ORDEN ASC/54/2007, de 6 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión de las prestaciones económicas y las ayudas para las familias con hijas e hijos a cargo y se abre la convocatoria para el año 2007.
| Sección | Disposiciones Generales |
| Emisor | DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA |
| Rango de Ley | Orden |
ORDEN
ASC/54/2007, de 6 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión de las prestaciones económicas y las ayudas para las familias con hijas e hijos a cargo y se abre la convocatoria para el año 2007.
El título 1 de la Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC), recoge expresamente en su artículo 16 el derecho de todas las personas a recibir prestaciones sociales y ayudas públicas para atender las cargas familiares, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Ley; al mismo tiempo que prevé, como principio rector en su artículo 40, el mandato a los poderes públicos de promover las medidas económicas y normativas de apoyo a las familias dirigidas a garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar y a tener descendencia. Así mismo, el Estatuto establece en su artículo 166.4 la competencia exclusiva de la Generalidad en materia de promoción de las familias y de la infancia.
El Departamento de Acción Social y Ciudadanía, mediante el Decreto 421/2006, de 28 de noviembre, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña, tiene atribuido el ejercicio de las atribuciones sobre las familias, tarea que lleva a cabo mediante la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía, creada por el Decreto 572/2006, de 19 de diciembre, de reestructuración parcial del Departamento de Acción Social y Ciudadanía.
La regulación de la protección a las familias está también recogida, de modo explícito o implícito, en diversos textos de ámbito internacional y comunitario.
En el ámbito internacional destacan la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Convención sobre los derechos del niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que habla del interés primordial del niño como consideración principal en todas las acciones que le afecten. Dicha Convención también incide en la necesidad de que los estados miembros se comprometan a asegurar a los niños toda la protección y la atención necesarias para su bienestar.
También debe citarse en el ámbito comunitario la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, que en su artículo 33.1 contiene una previsión equivalente al artículo 39 de la Constitución española, que prevé que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, así como la protección integral de los hijos, iguales ante la ley con independencia de su filiación.
En esta línea de apoyo a las familias y de protección de los niños, la Ley 18/2003, de 4 de julio, de apoyo a las familias, determina los derechos y las prestaciones destinados a prestar apoyo a las familias, a fin de mejorar el bienestar y la calidad de vida de las mismas y la protección de sus miembros.
En concreto, el título 2 regula las prestaciones económicas, entre las que cabe destacar, a los efectos de la presente Orden, la prestación económica de carácter universal por niño a cargo, contemplada en el artículo 10, y la prestación económica de carácter universal por parto o adopción múltiples, recogida en el artículo 11.
Por otro lado, conviene también destacar el artículo 12 de la Ley, que establece una ayuda para las familias que adopten a un menor o a una menor. En cuanto a la ayuda para familias con parto, adopción o acogida múltiples, sometida a los ingresos de la unidad familiar, también debe tenerse en cuenta lo que prevé el artículo 40, relativo a los principios informadores de las medidas de protección de familias con personas en situación de riesgo de exclusión social, y la disposición adicional 5, sobre la extensión de las prestaciones económicas a otros colectivos familiares y a otras franjas de edad, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Igualmente, la Ley recoge varias disposiciones que conviene tener en consideración: el artículo 3 de la Ley, que considera que las disposiciones de la Ley también son aplicables a la acogida y a las demás situaciones jurídicas a las que las leyes atribuyen o reconocen los mismos efectos jurídicos que a la familia; la disposición adicional 3, que prevé que, en el desarrollo reglamentario, se tenga en cuenta la problemática específica de las familias monoparentales y las familias numerosas; y, finalmente, la disposición adicional 4, relativa a la perspectiva de género, perspectiva que debe introducirse en el desarrollo reglamentario de la Ley. En este sentido, la perspectiva de género queda reflejada en la presente Orden en varios aspectos, entre los que destacan la monoparentalidad y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
La protección económica familiar se configura como un elemento para afrontar las nuevas necesidades que la llegada de un hijo o hija implica para la familia, así como para ayudar a conciliar la vida familiar y la laboral. En algunos supuestos, además, las familias han de recibir protección adicional para poder reducir las situaciones de pobreza infantil y evitar el peligro de exclusión social. A lo largo de estos últimos años, se ha constatado que, como criterio general, existe una relación significativa entre el número de niños nacidos y el aumento, en el seno de las familias, de las dificultades económicas. Así, cuantos más niños, las familias indican más problemas de carácter económico.
Considerando el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, relativo a las relaciones entre la ciudadanía y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet, el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de 13 de julio de 1999, mediante el que se impulsó el Proyecto Administración Abierta de Cataluña, con la finalidad de acercar sus servicios a la ciudadanía mediante la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, que se incardinan en el Plan de actuación e-Europe 2002 de las Comunidades Europeas, y el Acuerdo del Gobierno de 13 de mayo de 2003, de establecimiento de criterios funcionales que faciliten el desarrollo de un nuevo sistema de relación con los ciudadanos;
Considerando el Decreto legislativo 3/2002, de 24 de diciembre, mediante el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de finanzas públicas de Cataluña;
Considerando la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado mediante el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, ambos de carácter parcialmente básico;
En uso de las facultades que me otorga la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña,
Ordeno:
Objeto
1.1 Se abre la convocatoria para la concesión de las prestaciones económicas y las ayudas para las familias con hijos e hijas a cargo y se aprueban las bases que han de regir esta convocatoria, que figuran en el anexo 1 de la presente Orden.
1.2 Las prestaciones económicas y las ayudas para las familias contempladas en esta Orden son:
a) Prestación económica de carácter universal por niño a cargo.
b) Prestación económica de carácter universal por parto, adopción o acogida múltiples.
c) Ayuda por parto, adopción o acogida múltiples sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar.
d) Ayuda por adopción internacional.
Partida presupuestaria y cuantía
2.1 La partida presupuestaria a cuyo cargo se imputan las prestaciones económicas y las ayudas para las familias es BE05 D/4802100, Programa 313.
2.2 La cuantía inicial disponible es 75.190.988,25 euros.
2.3 El crédito inicial disponible podrá ampliarse, con sujeción a la normativa vigente.
Plazo
El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente a la fecha de publicación de la Orden en el DOGC y finaliza el 31 de diciembre de 2007. Excepcionalmente, para las familias con niños nacidos, adoptados o acogidos durante el mes de diciembre de 2007, el plazo de presentación de las solicitudes finaliza el 31 de enero de 2008.
Tramitación y resolución
4.1 La tramitación de las solicitudes corresponde a la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía y la resolución, a la persona titular de la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía.
4.2 El plazo máximo para emitir y notificar la resolución es de seis meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de presentación de las solicitudes.
4.3 Transcurrido el plazo fijado sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de otorgamiento de las prestaciones económicas o las ayudas.
4.4 En caso de que el número de solicitudes de ayuda presentadas pueda exceder las disponibilidades presupuestarias, tendrán preferencia aquellas solicitudes que correspondan a las rentas más bajas.
Notificación
La resolución se notificará a las personas interesadas por correo certificado. Contra la resolución, que no agota la vía administrativa, puede interponerse un recurso de alzada en el plazo de un mes ante la persona titular de la Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía o la persona titular del Departamento de Acción Social y Ciudadanía, en los términos que establecen los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
.1 La Secretaría de Políticas Familiares y Derechos de Ciudadanía revisará de oficio si las personas receptoras de la renta mínima de inserción reúnen las condiciones necesarias para acceder a las prestaciones económicas y a las ayudas reguladas en esta convocatoria y, en su caso, proceder a su concesión.
.2 Al final del ejercicio se...
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