DECRETO 24/2010, de 23 de febrero, de la Comisión Rectora del Plan de acción para la inclusión y la cohesión social en Cataluña.
| Sección | Disposiciones Generales |
| Emisor | DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL Y CIUDADANÍA |
| Rango de Ley | Decreto |
DECRETO
24/2010, de 23 de febrero, de la Comisión Rectora del Plan de acción para la inclusión y la cohesión social en Cataluña.
El Consejo Europeo, reunido en Lisboa en marzo de 2000, fija la lucha contra la pobreza y la exclusión social como una de sus grandes prioridades políticas. La Unión Europea se compromete a reducir significativamente el número de personas en situación de riesgo de pobreza. En este sentido, en diciembre de 2000, el Consejo Europeo aprueba los objetivos de lucha contra la pobreza y la exclusión e insta a los estados miembros a generar estrategias dirigidas a reducir las desigualdades sociales y a potenciar las políticas de inclusión social. Se adopta también el compromiso de que los diferentes estados y regiones que integran la Unión Europea elaboren sus planes nacionales. Así, en junio de 2001 se aprueba el I Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España.
La Agenda Social Europea (2005-2010), que complementa y apoya la estrategia de Lisboa, tiene como prioridades el empleo y la lucha contra la pobreza, y la promoción de la igualdad de oportunidades.
El 2 de julio de 2008, la Comisión Europea adopta una ambiciosa Agenda Social Renovada, con la finalidad de que las políticas de la Unión Europea respondan de forma efectiva a los actuales desafíos económicos y sociales. Tiene como finalidad crear más oportunidades para la ciudadanía, mejorar el acceso a unos servicios de calidad y demostrar su solidaridad con quienes sufren las consecuencias negativas de los cambios tecnológicos, la globalización y el envejecimiento de la población, que están transformando las sociedades europeas. La Agenda Social Renovada reúne una serie de políticas de la Unión Europea para apoyar la actuación en siete ámbitos prioritarios, uno de los cuales es el de la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
El 22 de octubre de 2008, en una decisión conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo y con la voluntad de apoyar la acción comunitaria en inclusión social, se designa el año 2010 Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
Respecto al Estado español, actualmente entra en vigencia el V Plan nacional de acción para la inclusión social 2008-2010. Este Plan tiende a un enfoque global y más preventivo y ambicioso, ampliando la actuación a todas las personas que se encuentran en el umbral de la pobreza relativa y no centrándola sólo en los perfiles tradicionales de población en situación de exclusión social. Los objetivos prioritarios del Plan se enmarcan en una doble dirección estratégica: en primer lugar, fomentar la inclusión social activa, impulsar la inserción laboral en combinación con una adecuada política de garantía de rentas y con el acceso a unos servicios de calidad, especialmente a los servicios educativos, y, en segundo lugar, abordar el impacto producido por el crecimiento de la inmigración, favoreciendo la integración social, y abordar también el envejecimiento de la población en la exclusión social, garantizando la equidad en la atención a las personas en situación de dependencia.
Siguiendo las recomendaciones europeas y estatales, Cataluña elaboró el Plan integral de lucha contra la pobreza y la exclusión social, aprobado por Acuerdo del Gobierno el 2 de mayo de 1995. Dicho Plan se desarrolló en Cataluña desde el año 1995 hasta el año 2000.
Posteriormente, se inició el Anteproyecto de plan de acción para la inclusión y cohesión social en Cataluña para el período 2003-2006. Paralelamente, se elaboró el Decreto 61/2003, de 20 de febrero, de creación de la Comisión Rectora del Plan de acción para la inclusión social en Cataluña. Esta Comisión debía permitir realizar una intervención más transversal en el ámbito de la Administración de la Generalidad de Cataluña y, al mismo tiempo, más participativa, buscando la implicación y la colaboración de los municipios y otros agentes sociales.
En el Estatuto de autonomía de 2006 se establece, por primera vez, un listado de derechos y deberes de la ciudadanía catalana. Concretamente, en el ámbito de los servicios sociales, el artículo 24 afirma que todas las personas tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad pública; que las personas con necesidades especiales, para mantener su autonomía personal, tienen derecho a recibir la atención adecuada a su situación, y que las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los mínimos de una vida digna.
Para garantizar estos derechos, las políticas públicas deben orientarse de acuerdo con los principios rectores del nuevo Estatuto. Dichos principios mencionan, entre otros aspectos, la protección de las personas y las familias, la perspectiva de género y la cohesión y el bienestar social. Concretamente, el artículo 42 compromete a los poderes públicos a velar por la plena integración social, económica y laboral de las personas y de los colectivos más necesitados de protección, especialmente de los que se encuentran en situación de pobreza y de riesgo de exclusión social. También insta a los poderes públicos a velar por la dignidad, la seguridad y la protección integral de las personas, especialmente de las más vulnerables, a promover políticas preventivas y comunitarias y a garantizar servicios sociales de calidad y servicios sociales básicos gratuitos.
En febrero de 2006 se convoca a la Comisión Rectora del Plan de acción para la inclusión social para informar a los miembros del Pleno y al Gobierno de la Generalidad de Cataluña sobre la elaboración del Plan de acción para la inclusión y la cohesión social para el período 2006-2009. Este documento fijó el marco conceptual y los ejes estratégicos para la inclusión social.
El Gobierno de la Generalidad de Cataluña, consciente de que los nuevos cambios estructurales requieren nuevas políticas públicas y, a la vez, comprometido con la estrategia europea y estatal, emprende el reto de luchar contra la exclusión social mediante el Plan de acción para la inclusión y la cohesión social en Cataluña 2010-2013, dando continuidad a la serie de actuaciones impulsadas por el Departamento de Acción Social y Ciudadanía y haciendo explícito su compromiso en la lucha contra la exclusión social y a favor de una sociedad más cohesionada y más justa.
Así se ve reflejado en el Plan de Gobierno 2007-2010, uno de cuyos objetivos es avanzar hacia una sociedad plenamente inclusiva con la potenciación del trabajo en red con otras instituciones y entidades, y también en el Acuerdo estratégico para la internacionalización, la calidad del empleo y la competitividad de la economía catalana, en el que la inclusión social es una de las medidas para la mejora de la calidad del empleo y la cohesión social.
Así pues, el Plan pretende dar un impulso significativo a la política social catalana y ser un punto de inflexión en el modo de abordar, plantear y actuar sobre las problemáticas sociales. Con esta voluntad se contemplan una serie de ejes estratégicos de actuación correspondientes a los diferentes ámbitos en los que pueden emerger factores de exclusión social de diversa naturaleza. Dichos ejes se han fijado sobre la base de una primera aproximación a la realidad catalana y se guían por el firme compromiso del Gobierno de Cataluña de contribuir a la erradicación de la exclusión social.
El Plan también pretende sentar las bases para crear sinergias con todos los agentes que en Cataluña, tanto desde el ámbito público (Gobierno de la Generalidad, administraciones locales, etc.) como desde las organizaciones sociales, trabajan para la inclusión. Se quiere favorecer, por lo tanto, que las experiencias y las aportaciones de todos estos agentes nutran la implementación del Plan, desarrollando el trabajo colectivo y en red que las políticas de inclusión requieren. Así, el Plan de acción para la inclusión y la cohesión social en Cataluña 2010-2013 es ya, en sí mismo, un instrumento que impulsa la transversalidad y el trabajo en red, ya que las diferentes medidas que lo conforman, por su dimensión social y política, reclaman el compromiso de los departamentos del Gobierno y deben vertebrarse desde una actuación transversal e integral coordinada y territorialmente distribuida, con cooperación público-privada y fomentando la participación ciudadana.
Es necesario, pues, que la Comisión Rectora del Plan de acción para la inclusión social, constituida por el Decreto 61/2003, de 20 de febrero, responda a la realidad actual y a los diversos cambios que se han producido en el seno de la Administración de la Generalidad y, así, estén representados todas las unidades y todos los órganos de los departamentos de la Generalidad cuyo ámbito competencial tenga relación con los ámbitos de la exclusión social. Las competencias sobre estos ámbitos no sólo abarcan los departamentos de la Generalidad, por lo que también se requiere la implicación y la complicidad del resto de las administraciones que operan en nuestro territorio, la sociedad civil organizada y el tercer sector social.
Por todos estos motivos, se considera la necesidad de coordinar las diversas actuaciones para la elaboración, la implementación y el seguimiento del Plan de acción para la inclusión y la cohesión social en Cataluña, en aplicación de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad de Cataluña. Por otro lado, además de los informes preceptivos que establece la...
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