DECRETO 56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad.

Fecha de Entrada en Vigor: 5 de Mayo de 2009
Sección:Disposiciones Generales
Emisor:DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Rango de Ley:Decreto
 
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56/2009, de 7 de abril, para el impulso y el desarrollo de los medios electrónicos en la Administración de la Generalidad.

La administración electrónica no es una administración diferente, sino un modelo de Administración pública basado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), con el objetivo de mejorar la eficiencia interna, las relaciones intra e interadministrativas, la eficacia pública y las relaciones de la Administración con los ciudadanos y ciudadanas, las empresas y las organizaciones.

El proceso de incorporación y uso intensivo de las tecnologías de la información en la actuación de las administraciones catalanas recibe un importante impulso el año 2001 con el Pacto parlamentario para la promoción y el desarrollo de la sociedad de la información en las administraciones públicas catalanas, que tiene como puntos fundamentales impulsar los objetivos del plan de acción e-Europe; promover la creación del Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña (Consorcio AOC), como instrumento para agilizar los intercambios de información entre administraciones; la creación de la Agencia Catalana de Certificación, para poner en funcionamiento los mecanismos de seguridad necesarios en las comunicaciones electrónicas, y de la Agencia Catalana de Protección de Datos, para garantizar a los ciudadanos el buen uso de la información por parte de la Administración y de las empresas, así como promover la aprobación de normativa que regule las relaciones de la ciudadanía con las administraciones públicas a través de Internet.

Aquel mismo año, el Gobierno de la Generalidad aprobó el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet, establece el respeto al derecho de igualdad en el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a los servicios públicos y garantiza la protección de los datos personales. En este mismo sentido, fue aprobada la Ley 10/2001, de 13 de julio, de archivos y documentos, que prevé en su articulado mecanismos de impulso a la gestión documental por medios electrónicos.

El legislador estatal ha aprobado la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, que establece un marco básico de regulación. Igualmente, no se puede dejar de lado la competencia exclusiva que corresponde a la Generalidad de Cataluña en materia de organización de su Administración, de acuerdo con el artículo 150 del Estatuto de autonomía de Cataluña (EAC) y el artículo 159.1.c) del EAC, relativo a normas de procedimiento administrativo que derivan de las especialidades de la organización de la Generalidad, sin obviar las cuestiones sustantivas referidas al régimen jurídico de las administraciones públicas y al procedimiento administrativo común, en virtud de la competencia compartida prevista en el artículo 159.2 del EAC. Por esta razón, el Decreto desarrolla no solo la Ley 11/2007, sino también, en el ejercicio de las potestades autoorganizativas, la normativa propia de organización y procedimiento, como la derivada de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre, de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad.

Es voluntad del Gobierno de la Generalidad establecer los elementos necesarios para la ordenación, impulso y desarrollo de servicios a la ciudadanía por estos medios, con la finalidad de mejorar la eficiencia y la eficacia internas y, de forma subsiguiente, el servicio que se presta. Ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad de que, al amparo del artículo 111 EAC, y mediante una norma con rango de ley, se puedan desarrollar políticas propias. En este sentido, el Decreto quiere avanzar en la implementación de los medios electrónicos en el funcionamiento ordinario de la Administración, sin agotar la materia.

De la misma manera, la aplicación de los medios electrónicos ha de servir para revisar los procedimientos y los servicios y, si procede, para reducir la carga documental de la persona interesada y los plazos de resolución. También es un objetivo del Decreto velar para que el uso intensivo de los medios electrónicos por la Administración de la Generalidad de Cataluña y los entes que la integran contribuya favorablemente al desarrollo de la sociedad de la información en Cataluña por parte de los ciudadanos, se apliquen las políticas sectoriales del Gobierno en esta materia y se garantice la independencia tecnológica.

Con respecto a la estructura, el Decreto consta de 39 artículos, agrupados en 5 capítulos, con 8 disposiciones adicionales, 1 derogatoria y 3 finales.

El capítulo 1 regula el objeto del Decreto, su ámbito de aplicación y la finalidad de su incorporación al ordenamiento jurídico catalán.

El capítulo 2 rige el impulso, la ordenación y el desarrollo de los servicios electrónicos, y regula su planificación y la elaboración de un protocolo de su desarrollo, que define cuáles son las soluciones corporativas que debe incorporar cualquier servicio que se ofrezca por canales telemáticos, y pone énfasis en el principio de economías de escala, que ha de constituir un pilar fundamental de este modelo.

El capítulo 3 tiene por objeto el segundo gran eje del modelo que el Gobierno de la Generalidad impulsa y en el que participa activamente: la cooperación interadministrativa. En este sentido, se prevé la creación de un protocolo de servicios de interoperabilidad que determinará el procedimiento para incorporar y consumir la información en soporte electrónico que integra el Catálogo de datos y documentos electrónicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Acuerdo de Gobierno de fecha 27 de noviembre de 2007. Este catálogo integra también la información en soporte electrónico que las diferentes administraciones públicas e instituciones ponen a disposición, al amparo del Convenio marco que, para el impulso de la interoperabilidad de las administraciones catalanas, se firmó en octubre de 2006, y que gestiona el Consorcio AOC. Todo este sistema tiene relación directa con la voluntad de simplificación que impregna la norma para evitar que la ciudadanía, las empresas y las instituciones tengan que aportar documentos que no sean estrictamente necesarios o bien se puedan obtener en formato electrónico directamente de la propia Administración o de otras con las correspondientes garantías de protección de los datos personales. El Decreto emprende por lo tanto una tarea de simplificación documental y de los procedimientos administrativos.

Con la publicación de la Ley 11/2007, la sede electrónica se convierte en un elemento fundamental que las administraciones públicas deben regular y que debe ser la dirección electrónica donde se han de poner a disposición de los ciudadanos tanto la información como el registro electrónicos y los diferentes trámites reglados que se ofrecen por medios electrónicos. El capítulo 4 de este Decreto regula esta institución, así como los aspectos más importantes del derecho de los ciudadanos a la información por medios electrónicos y la posibilidad de creación de tablones de edictos electrónicos que sustituyan a los tablones presenciales.

El capítulo 5 regula aquellos aspectos de la gestión y tramitación de los procedimientos administrativos que se ven afectados por la incorporación de medios electrónicos y que requieren una regulación específica, como son la identificación y autenticación mediante sistemas de firma electrónica, tanto de los ciudadanos como del personal público, el sistema de notificaciones electrónicas, la regulación del Registro electrónico de la Generalidad de Cataluña, así como el expediente electrónico, la compulsa electrónica de documentos y el archivo de la documentación electrónica.

Finalmente, con la disposición derogatoria pierde su vigencia el Decreto 324/2001, de 4 de diciembre, que regula las relaciones entre los ciudadanos y la Administración de la Generalidad de Cataluña a través de Internet.

Por lo tanto, al amparo de lo que prevén los artículos 39.1 y 40 de la Ley 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la...

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