LEY 2/2002, de 14 de marzo, de urbanismo.

Ejercicio de las competencias urbanísticas

1. El ejercicio de las competencias urbanísticas corresponde a la Administración de la Generalidad y a los municipios y comarcas, sin perjuicio de las competencias que puedan atribuirse en dicha materia a otros entes locales.

2. Los municipios y las comarcas, bajo los principios de autonomía para la gestión de los respectivos intereses, de proporcionalidad y de subsidiariedad, ejercen sus competencias urbanísticas en los términos determinados en la legislación de régimen local y en la presente Ley. La competencia urbanística de los ayuntamientos comprende todas las facultades de naturaleza local que no hayan sido expresamente atribuidas por esta Ley a otros organismos.

3. Las administraciones con competencias urbanísticas, en virtud de los principios de colaboración y coordinación, y de la potestad organizadora que les corresponde, pueden, en este ámbito, constituir gerencias, consorcios y mancomunidades, delegar competencias y utilizar cualquier otra fórmula de gestión directa o indirecta admitida legalmente.

4. Las administraciones públicas de ámbito territorial superior al municipal han de prestar asistencia técnica y jurídica suficiente a los municipios que, por su dimensión o por falta de recursos, no puedan ejercer plenamente las competencias urbanísticas que les corresponden.

5. Las administraciones implicadas en el desarrollo del planeamiento urbanístico pueden convenir la realización de auditorias urbanísticas para mejorar su capacidad de gestión, de acuerdo con lo establecido en el reglamento. El resultado de estas auditorías ha de ser de conocimiento general.

Actuación de la Administración de la Generalidad respecto a los entes locales

1. La Administración de la Generalidad fomenta la acción urbanística de los entes locales, coopera en el ejercicio de sus competencias en esta materia y, en supuestos de inactividad o de incumplimiento, se subroga en la correspondiente competencia, si el ente afectado no la cumple en el plazo de un mes después de realizado el oportuno requerimiento. En el caso del ejercicio de la competencia en materia de protección de la legalidad urbanística, los plazos de cumplimiento son los específicamente establecidos.

2. Si la Administración de la Generalidad ejecuta subsidiariamente las competencias urbanísticas locales, con los requisitos y los presupuestos establecidos en la legislación municipal y de régimen local, puede designar, para un plazo concreto, a un gerente o una gerente, o bien puede transferir las atribuciones necesarias de la corporación municipal a la correspondiente comisión territorial de urbanismo, o a otra entidad supralocal de su ámbito territorial, que ha de ejercerlas mediante una comisión especial, en la cual ha de tener representación el ayuntamiento.

3. Con carácter general, las relaciones interadministrativas en el ejercicio de las respectivas competencias urbanísticas se ajustan a lo dispuesto en la normativa de régimen local, la normativa de procedimiento administrativo y, si procede, la normativa reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 60.5 para la concertación de actuaciones de suelo y vivienda entre los ayuntamientos y la Administración de la Generalidad.

Órganos y entidades urbanísticos especiales de la Generalidad

1. Sin perjuicio de la competencia urbanística atribuida al Gobierno, la actividad urbanística se desarrolla bajo la dirección del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.

2. Son órganos urbanísticos de la Generalidad, encuadrados en el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas:

   a) El consejero o consejera titular del Departamento.

   b) La Comisión de Urbanismo de Cataluña.

   c) Las comisiones territoriales de urbanismo.

   d) La Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona.

   e) La Dirección General de Urbanismo.

3. El Instituto Catalán del Suelo, entidad de derecho público sometida al régimen establecido en el punto primero del artículo 1.b de la Ley 4/1985, de 29 de marzo, del estatuto de la empresa pública catalana, es una entidad urbanística especial de la Generalidad y actúa de acuerdo con lo establecido en los artículos 22 y 23. 4. Contra los actos y acuerdos, expresos o presuntos, de las comisiones territoriales de urbanismo y del director o directora general de Urbanismo, incluidos los relativos a las resoluciones definitivas sobre planes y demás instrumentos urbanísticos, puede interponerse recurso de alzada ante el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas. Contra los actos y acuerdos del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas y los del Gobierno de la Generalidad, se puede interponer recurso potestativo de reposición previo a la vía contencioso administrativa.

Comisión de Urbanismo de Cataluña

1. La Comisión de Urbanismo de Cataluña es el órgano superior, de carácter consultivo, en materia de urbanismo.

2. La composición de la Comisión de Urbanismo de Cataluña se establece por reglamento, el cual debe garantizar que sean representados en la misma los departamentos y entes locales con competencias urbanísticas y que tengan participación en la misma personas de reconocido prestigio profesional o académico en materia de urbanismo, vivienda y medio ambiente. Los alcaldes de los ayuntamientos afectados han de ser convocados, con voz pero sin voto, a las sesiones en las cuales se consideren el primer establecimiento y las revisiones del plan de ordenación urbanística municipal y del programa de actuación urbanística municipal, sin perjuicio de otros supuestos que puedan ser regulados por reglamento.

3. La Comisión de Urbanismo de Cataluña informa preceptivamente, con carácter previo, en los supuestos determinados en la normativa vigente. Si el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas disiente del informe preceptivo de la Comisión, la resolución del asunto corresponde al Gobierno.

4. El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas puede someter a consulta a la Comisión de Urbanismo de Cataluña los asuntos en materia de urbanismo que crea convenientes.

Comisiones territoriales de urbanismo

1. Las comisiones territoriales de urbanismo, en el marco legal de sus competencias, cumplen funciones de carácter informativo, consultivo, gestor y resolutivo, y, a instancia de los ayuntamientos, cumplen también funciones interpretativas.

2. La composición de las comisiones territoriales de urbanismo se determina por reglamento, con los mismos criterios establecidos en el artículo 17.2 para la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona

La Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona ejerce las competencias atribuidas por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, de la Carta municipal de Barcelona.

Dirección General de Urbanismo

1. La Dirección General de Urbanismo es el órgano directivo de la Administración de la Generalidad que tramita los asuntos que corresponden a la Comisión de Urbanismo de Cataluña, al consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas y al Gobierno, coordina e impulsa la actividad de las comisiones territoriales de urbanismo y de la Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona y gestiona y ejecuta los acuerdos adoptados en materia de urbanismo por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y por el Gobierno.

2. La Dirección General de Urbanismo puede proponer la adopción de resoluciones a las autoridades competentes, y ejerce las atribuciones que éstas le delegan o le encargan.

3. La Dirección General de Urbanismo puede someter a consulta a las comisiones territoriales de urbanismo los asuntos de competencia de las mismas que considere pertinentes.

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Atribuciones de las comisiones territoriales de urbanismo y de la Dirección General de Urbanismo

Las comisiones territoriales de urbanismo y la Dirección General de Urbanismo orientan y fomentan el planeamiento y la ejecución de las obras necesarias para el desarrollo urbano, realizan su inspección, incluida la del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y de la edificación, debiendo informar de ello al ayuntamiento afectado.

Entidades urbanísticas especiales

1. El Instituto Catalán del Suelo es una entidad urbanística especial de la Generalidad. También son entidades urbanísticas especiales los consorcios urbanísticos y las sociedades de capital íntegramente público de carácter local, si se configuran como tales al constituirse.

2. Las entidades urbanísticas especiales pueden asumir competencias urbanísticas en materia de planeamiento y de gestión urbanísticos en los supuestos en los que operan como administración actuante.

3. Corresponde al Gobierno acordar la participación de la Administración de la Generalidad en consorcios urbanísticos con otras administraciones públicas, de acuerdo con la legislación de organización, procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad.

Condición de administración actuante

1. La condición de administración actuante corresponde:

   a) A los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas en materia de planeamiento y gestión.

   b) Al Instituto Catalán del Suelo, si lo determina el planeamiento urbanístico, si se determina en virtud del artículo 136.3 y en los casos en los que la Administración de la Generalidad se subrogue en las competencias urbanísticas municipales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 152.2. c) A los consorcios urbanísticos y a las sociedades de capital íntegramente público de carácter local, si lo determina un acuerdo expreso del ayuntamiento, que ha de someterse a la publicidad requerida para la ejecutividad del instrumento urbanístico de planeamiento o de gestión de que se trate.

2. Las entidades urbanísticas especiales, si operan como administración actuante, pueden formular cualquier figura de planeamiento urbanístico, formular, tramitar y aprobar definitivamente los correspondientes instrumentos de gestión, realizar el seguimiento de la gestión de los particulares o bien ejecutar el planeamiento directa o indirectamente, así como, en el caso de los consorcios urbanísticos, si lo determinan sus estatutos, tramitar las figuras del planeamiento.

3. El Instituto Catalán del Suelo, si opera como administración actuante, tiene derecho a recibir el suelo de cesión obligatoria y gratuita correspondiente al porcentaje aplicable sobre el aprovechamiento urbanístico del correspondiente ámbito de actuación, derecho de que también disfrutan, si lo decide el ayuntamiento, las entidades a que se hace referencia en el apartado 1.c. En estos casos, el suelo cedido ha de integrarse en el respectivo patrimonio público de suelo, de acuerdo con los artículos 153 y siguientes.

Clasificación del suelo

1. Los planes de ordenación urbanística municipal clasifican todo el suelo del territorio correspondiente en:

   a) Suelo urbano.

   b) Suelo no urbanizable.

   c) Suelo urbanizable.

2. El régimen urbanístico del suelo depende de la clasificación, de la calificación en zonas o sistemas y de la inclusión en un polígono de actuación urbanística en suelo urbano o en un sector de planeamiento urbanístico derivado.

Concepto de suelo urbano

Constituyen el suelo urbano:

a) Los terrenos que, habiendo sido sometidos al proceso de integración en el tejido urbano, cuentan con todos los servicios urbanísticos básicos o bien están comprendidos en áreas consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de su superficie edificable.

b) Los terrenos que, en ejecución del planeamiento urbanístico, alcanzan el nivel de urbanización que éste determina.

Servicios urbanísticos básicos

1. Son servicios urbanísticos básicos:

   a) La red viaria que tenga un nivel de consolidación suficiente para permitir la conectividad con la trama viaria básica municipal.

   b) Las redes de abastecimiento de agua y de saneamiento.

   c) El suministro de energía eléctrica.

2. Los servicios urbanísticos básicos han de tener las características adecuadas para el uso del suelo previsto en el planeamiento urbanístico que lo clasifica.

Normas de aplicación directa al suelo urbano

1. Si un plan de ordenación urbanística municipal, dada la escasa complejidad urbanística del municipio, sólo delimita el suelo no urbanizable y el suelo urbano, éste último comprende los núcleos de población existentes que cuentan con los servicios urbanísticos básicos definidos en el artículo 26.1 o que se integran en áreas consolidadas por la edificación de al menos dos terceras partes de su superficie edificable.

2. En el supuesto a que se hace referencia en el apartado 1, las edificaciones comprendidas en el ámbito del suelo urbano no pueden tener más de tres plantas ni superar en altura la media de la de las edificaciones vecinas, sin perjuicio de las demás limitaciones aplicables.

Concepto de núcleo de población

Se entiende por núcleo de población, a efectos de la presente Ley, una concentración aislada de población, con usos urbanos, dentro de un municipio, que requiere la existencia de servicios urbanísticos y asistenciales.

Concepto de solar

Tienen la consideración de solar, a efectos de la presente Ley, los terrenos clasificados como suelo urbano que sean aptos para la edificación, según su calificación urbanística, y que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que estén urbanizados de acuerdo con las determinaciones establecidas en el planeamiento urbanístico, o en cualquier caso, si éste no las especifica, que dispongan de los servicios urbanísticos básicos señalados en el artículo 26.1 y confronten con una vía que cuente con alumbrado público y esté íntegramente pavimentada, incluida la zona de paso de peatones. No se aplica este precepto al suelo clasificado en el planeamiento urbanístico general como urbanizable o como no urbanizable que limite con carreteras y vías de conexión interlocal y con viales que delimiten el suelo urbano.

b) Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si el planeamiento urbanístico las define.

c) Que sean susceptibles de inmediata licencia porque no han sido incluidos en un plan de mejora urbana ni en un polígono de actuación urbanística pendientes de desarrollo.

d) Que, para edificarlos, no tengan que cederse otros terrenos para abrir calles o vías de cara a regularizar alineaciones o a completar la red viaria.

Concepto de suelo urbano consolidado

Constituyen el suelo urbano consolidado:

a) Los terrenos que tienen la condición de solar, de acuerdo con el artículo 29. b) Los terrenos a los cuales sólo falta, para alcanzar la condición de solar, completar o terminar la urbanización en los términos señalados en el artículo 29.a, tanto si han sido incluidos con esta finalidad en un polígono de actuación urbanística o en un plan de mejora urbana como si no lo han sido.

Concepto de suelo urbano no consolidado

Tiene la condición de suelo urbano no consolidado el suelo urbano que no tenga la condición de consolidado.

Concepto de suelo no urbanizable

1. Constituyen el suelo no urbanizable:

   a) Los terrenos que el plan de ordenación urbanística municipal clasifica como tales por razón de:

   Primero. La incompatibilidad con su transformación.

   Segundo. La inadecuación al desarrollo urbano.

   b) Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos generales no incluidos en suelo urbano ni en suelo urbanizable.

2. La incompatibilidad de un terreno con su transformación, a efectos de lo establecido en el punto primero del apartado 1.a, puede derivar, entre otros, de los siguientes factores:

   a) Un régimen especial de protección aplicado por la legislación sectorial y por el planeamiento territorial.

   b) Las determinaciones de los planes directores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56. c) Su sujeción a limitaciones o servitudes para la protección del dominio público.

3. La inadecuación de un terreno al desarrollo urbano, y la consiguiente clasificación como suelo no urbanizable, puede derivarse de:

   a) Que concurran en el mismo los valores considerados por la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones.

   b) El objetivo de garantizar la utilización racional del territorio y la calidad de vida, de acuerdo con el modelo de desarrollo urbanístico sostenible definido en el artículo 3. 4. El valor agrícola de los terrenos que estén afectados por indicaciones geográficas protegidas o por denominaciones de origen puede fundamentar también la clasificación como suelo no urbanizable a que se hace referencia en el apartado 3.

Concepto de suelo urbanizable

1. Constituyen el suelo urbanizable los terrenos que el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal considere necesarios y adecuados para garantizar el crecimiento de la población y de la actividad económica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3. 2. El suelo urbanizable ha de ser cuantitativamente proporcionado a las previsiones de crecimiento de cada municipio y ha de permitir, como parte del sistema urbano o metropolitano en el que se integra, el desarrollo de programas de suelo y vivienda.

3. Los planes de ordenación urbanística municipal pueden distinguir entre suelo urbanizable delimitado y suelo urbanizable no delimitado.

4. Para la transformación urbanística de un sector de suelo urbanizable delimitado, es necesaria la formulación, la tramitación y la aprobación definitiva de un plan parcial. Si se trata de suelo urbanizable no delimitado, el plan parcial ha de ser de delimitación, ha de haberse aprobado definitivamente y ha de acreditar que la actuación sea coherente con los parámetros determinados, de acuerdo con los apartados 1.d, 1.e y 7 del artículo 58, en el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.

Sistemas urbanísticos generales y locales

1. Integran los sistemas urbanísticos generales los terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para las comunicaciones, para los equipamientos comunitarios y para los espacios libres públicos, si su nivel de servicio es de ámbito municipal o superior. Los sistemas urbanísticos generales configura la estructura general del territorio y determina el desarrollo urbano.

2. Integran los sistemas urbanísticos locales los terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para las comunicaciones, para los equipamientos comunitarios y para los espacios libres públicos, si su nivel de servicio es un sector de suelo urbanizable delimitado o el conjunto de suelo urbano de un municipio, de acuerdo con lo establecido, en este último caso, en el plan de ordenación urbanística municipal o en el programa de actuación urbanística municipal.

3. El sistema urbanístico de comunicaciones comprende todas las infraestructuras necesarias para la movilidad de las personas y de las mercancías, por transporte terrestre, marítimo o aéreo, y comprende también las respectivas áreas de protección y las áreas de aparcamiento de vehículos.

4. El sistema urbanístico de equipamientos comunitarios comprende los centros públicos, los equipamientos de carácter religioso, cultural, docente, deportivo, sanitario, asistencial, de servicios técnicos y de transporte y demás equipamientos de interés público o de interés social.

5. El sistema urbanístico de espacios libres públicos comprende los parques, los jardines, las zonas verdes y los espacios para el recreo, el ocio y el deporte. La concreción de los elementos que integran este sistema ha de tener en cuenta la existencia de restos arqueológicos de interés declarado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.3. 6. Los terrenos reservados para sistemas urbanísticos, si están comprendidos en un ámbito de actuación urbanística sometido al sistema de reparcelación, pasan a titularidad pública mediante cesión obligatoria y gratuita, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 150. Si es preciso adelantar la obtención de la titularidad pública, y la ocupación directa regulada en dicho artículo no es suficiente, se puede también efectuar una actuación aislada expropiatoria, subrogándose en este caso la administración adquirente en los derechos y deberes de la persona que era propietaria de los mismos.

7. La adquisición de los terrenos reservados para sistemas urbanísticos que no estén comprendidos en un ámbito de actuación urbanística sometido al sistema de reparcelación ha de efectuarse mediante la actuación expropiatoria que corresponda.

Inclusión de sistemas urbanísticos en sectores o polígonos de actuación

1. El suelo reservado para sistemas urbanísticos generales que el plan de ordenación urbanística municipal o el programa de actuación urbanística municipal incluya, a efectos de su gestión, en polígonos de actuación urbanística en suelo urbano o en sectores de planeamiento urbanístico derivado, queda clasificado como suelo urbano o como suelo urbanizable, según proceda, y se sujeta a las siguientes determinaciones:

   a) Computa a efectos de determinar los sistemas urbanísticos locales, al servicio del correspondiente ámbito de actuación.

   b) Se incorpora, si procede, en la parte correspondiente a la delimitación poligonal del sector.

2. Los sectores o polígonos de actuación urbanística que incluyen suelo reservado para sistemas urbanísticos generales pueden ser, en el supuesto a que se hace referencia en el apartado 1, físicamente discontinuos, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable.

3. La aplicación del sistema de reparcelación admite la discontinuidad de los polígonos de actuación a efectos de las cesiones obligatorias de suelo, tanto para sistemas locales como para el patrimonio público de suelo y vivienda, y de cara al reparto equitativo de la cesión y de las cargas y beneficios derivados de la ordenación. Si se trata de suelo urbano, en este supuesto, así como en los casos de transferencia de techo edificable entre distintas parcelas, es necesaria la aprobación de un plan de mejora urbana que lo justifique.

4. Los índices de edificabilidad bruta, los usos y las densidades a que se hace referencia en los apartados 4 y 6 del artículo 58 se aplican a la superficie total de cada sector.

5. El suelo susceptible de aprovechamiento privado en cada sector de suelo urbanizable se fija en función de la edificabilidad neta y de la intensidad de los usos previstos y en atención a la viabilidad económica de la operación, no pudiendo ser inferior, en los supuestos de sectores físicamente continuos, al 45% de la superficie total del sector, incluida la correspondiente al 10% de cesión obligatoria y gratuita de aprovechamiento a la administración actuante.

Aprovechamiento urbanístico

1. Se entiende por aprovechamiento urbanístico la resultante de ponderar la edificabilidad, los usos y la intensidad de los usos que asigne al suelo el planeamiento urbanístico; también integra el aprovechamiento urbanístico la densidad del uso residencial, expresada en número de viviendas por hectárea.

2. El planeamiento general asigna el aprovechamiento urbanístico y, además, lo distribuye entre las diferentes zonas en el suelo urbano consolidado.

3. El planeamiento urbanístico derivado distribuye el aprovechamiento urbanístico entre las diversas zonas del sector.

4. A efectos de lo establecido en el apartado 1 por lo que se refiere a la determinación del aprovechamiento urbanístico, no han de ponderarse la edificabilidad y los usos de los equipamientos públicos.

Reglas de ponderación del aprovechamiento urbanístico

A efectos de la gestión urbanística, la ponderación del aprovechamiento urbanístico en un ámbito de actuación urbanística o de desarrollo urbanístico, tanto si son sectores de planeamiento urbanístico como polígonos de actuación urbanística, ha de ajustarse a la siguiente regla:

a) Si el ámbito de actuación comprende varias zonas, se ha de establecer el valor relativo homogeneizado de cada una de ellas.

b) Los valores homogeneizados a que se hace referencia en la letra a han de expresar la intensidad de los usos, la rigidez a la demanda de cada uno de los usos, su localización y la repercusión admisible del valor de la urbanización o, en su caso, reurbanización.

Consideraciones generales sobre los derechos y los deberes de los propietarios

1. Los derechos y los deberes de los propietarios de suelo son los que se establecen en la presente Ley, en el marco de la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones, y se han de ejercer y cumplir, respectivamente, de acuerdo con las determinaciones de esta Ley en lo que se refiere al planeamiento, gestión y ejecución en materia urbanística. A tales efectos, los propietarios de suelo están obligados a destinarlo al uso previsto en la ordenación urbanística, previo cumplimiento de las cargas que ésta impone.

2. Los requisitos para la enajenación de fincas y para la subrogación de los nuevos titulares en los derechos y los deberes urbanísticos de los propietarios anteriores han de ajustarse a lo establecido en la legislación de aplicación en materia de régimen de suelo y valoraciones.

Usos del subsuelo

1. El subsuelo está regulado por el planeamiento urbanístico y queda sometido a las servitudes administrativas necesarias para la prestación de servicios públicos o de interés público, siempre que estas servitudes sean compatibles con el uso del inmueble privado sirviente, de conformidad con el aprovechamiento urbanístico atribuido. De lo contrario, ha de procederse a la correspondiente expropiación.

2. El uso del aprovechamiento urbanístico y la implantación de infraestructuras en el subsuelo están condicionados en cualquier caso a la preservación de riesgos, así como a la protección de los restos arqueológicos de interés declarado y de los acuíferos clasificados, de acuerdo con la respectiva legislación sectorial.

Limitaciones del derecho de aprovechamiento urbanístico

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado, en los supuestos regulados en el artículo 43, tienen derecho al 90%, como mínimo, del aprovechamiento urbanístico del sector o polígono de actuación urbanística, referido a sus fincas.

2. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen derecho al 90% del aprovechamiento urbanístico del sector, referido a sus fincas.

Derecho de edificación en suelo urbano

1. El suelo urbano puede ser edificado, de acuerdo con las determinaciones del planeamiento urbanístico, y mediante el otorgamiento de la correspondiente licencia de edificación, si alcanza la condición de solar. No obstante, se admite que las obras de edificación sean simultáneas a las de urbanización o de reurbanización, si previamente se presta la garantía y se ejecutan los elementos de urbanización que se determinen por reglamento.

2. Si para la edificación de suelo urbano es necesaria la reparcelación del suelo, ésta ha de haberse aprobado por acuerdo que haya ganado firmeza en vía administrativa.

3. Las condiciones de edificación que establezcan las licencias municipales pueden hacerse constar, de acuerdo con la legislación hipotecaria, en el Registro de la Propiedad. Si se transmiten fincas en curso de edificación, los compradores han de asumir el cumplimiento de estas condiciones; igualmente, en las escrituras de obra nueva en construcción, los propietarios han de explicitar la asunción de dichas condiciones o bien acreditar que las han cumplido al declarar concluida la obra. En ambos casos, se ha de incorporar a las correspondientes escrituras el testimonio de las licencias de obras y, en su caso, de la parcelación urbanística, o bien el pronunciamiento municipal que la declare innecesaria.

Derechos y deberes de los propietarios de suelo urbano y deberes de los propietarios de suelo urbano consolidado

1. Los propietarios de suelo urbano tienen derecho a ejecutar o acabar las obras de urbanización para que los terrenos adquieran la condición de solar, y a edificar, bajo las condiciones establecidas en la presente Ley y en el planeamiento urbanístico, los solares resultantes. Los propietarios quedan sujetos al cumplimiento de las normas sobre rehabilitación urbana establecidas en el plan de ordenación urbanística municipal o bien en el programa de actuación urbanística municipal para ámbitos determinados.

2. Los propietarios de suelo urbano consolidado han de acabar o completar a su cargo la urbanización necesaria para que los terrenos adquieran la condición de solar, bajo el principio del reparto equitativo de las cargas y los beneficios urbanísticos, y han de edificar los solares resultantes en los plazos y de acuerdo con las determinaciones que se fijen en el planeamiento urbanístico o en el programa de actuación urbanística municipal.

Cesión de suelo con aprovechamiento en suelo urbano no consolidado

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado han de ceder al ayuntamiento, gratuitamente, el suelo correspondiente a los siguientes porcentajes sobre el aprovechamiento urbanístico de los ámbitos de desarrollo incluidos en planes de mejora urbana o en polígonos de actuación urbanística:

   a) El 10% del aprovechamiento correspondiente a los nuevos usos que el plan de ordenación urbanística municipal posibilite, si la ordenación genera plusvalías inmobiliarias.

   b) El 10% del aprovechamiento correspondiente a la edificabilidad adicional permitida por el plan de ordenación urbanística municipal, tanto la referida a los mismos usos como a nuevos usos.

2. Los porcentajes que se determinan en el apartado 1 son acumulativos y tienen como límite el 10% del aprovechamiento total del ámbito de actuación urbanística. Tanto la novedad de los usos como la edificabilidad adicional han de entenderse en relación al planeamiento urbanístico inmediatamente anterior.

Deberes de los propietarios de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado

1. Los propietarios de suelo urbano no consolidado y los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen los siguientes deberes comunes:

   a) Repartir equitativamente los beneficios y las cargas derivados del planeamiento urbanístico.

   b) Ceder al ayuntamiento, de forma obligatoria y gratuita, todo el suelo reservado por el planeamiento urbanístico para los sistemas urbanísticos locales al servicio del ámbito de desarrollo en que estén comprendidos los terrenos, con las siguientes especificidades:

   Primero. En suelo urbano, el ámbito de actuación es el del polígono de actuación urbanística o el sector del plan de mejora urbana, que, de acuerdo con lo establecido en los artículos 34.2 y 35.3, pueden ser físicamente discontinuos.

   Segundo. En suelo urbanizable delimitado, el ámbito de actuación es el sector del plan parcial correspondiente.

   c) Ceder al ayuntamiento, de forma obligatoria y gratuita, el suelo necesario para la ejecución de los sistemas urbanísticos generales que el planeamiento urbanístico general incluya dentro del ámbito de actuación en el que estén comprendidos los terrenos.

   d) Costear y, en su caso, ejecutar la urbanización, sin perjuicio del derecho a resarcirse de los gastos de instalación de las redes de abastecimiento de agua y suministro de energía eléctrica, con cargo a las empresas suministradoras, en la parte que, según la reglamentación específica de estos servicios, no deba ir a cargo de los usuarios.

   e) Edificar los solares en los plazos establecidos en el planeamiento urbanístico.

   f) Conservar las obras de urbanización, agrupados legalmente como junta de conservación, en los supuestos en los que se haya asumido voluntariamente esta obligación o bien se imponga justificadamente en el plan de ordenación urbanística o el programa de actuación urbanística, vinculándola objetivamente a la falta de consolidación del suelo o a la insuficiencia de la urbanización.

2. Los propietarios de suelo urbano no consolidado no incluido en ámbitos de actuación urbanística están obligados a ceder gratuitamente al ayuntamiento, previamente a su edificación, únicamente los terrenos destinados a calles o cualquier tipo de vía de sistema de comunicación necesarios para que dicho suelo adquiera la condición de solar.

3. Los propietarios de suelo urbano no consolidado no incluido en ámbitos de actuación urbanística están también obligados a ceder gratuitamente al ayuntamiento, previamente a la edificación, los terrenos destinados a ampliar viales, si la cesión se compensa por las condiciones de edificación diferenciales establecidas en los planes.

Deberes adicionales de los propietarios de suelo urbanizable delimitado

1. Los propietarios de suelo urbanizable delimitado tienen, además de los impuestos en el artículo 44, los siguientes deberes:

   a) Ceder a la administración actuante, gratuitamente, dentro del sector de suelo urbanizable en el que estén comprendidos los terrenos, el suelo necesario para edificar el techo correspondiente al 10% del aprovechamiento urbanístico del sector.

   b) Costear y, si procede, ejecutar las infraestructuras de conexión con los sistemas urbanísticos generales exteriores a la actuación urbanística, así como las obras para la ampliación o el refuerzo de estos sistemas necesarias como consecuencia de la magnitud de dicha actuación, de acuerdo con las determinaciones del planeamiento general.

2. El emplazamiento del suelo que deba cederse en virtud de lo establecido en el apartado 1.a ha de concretarse en el proceso de reparcelación, o bien, si ésta es innecesaria, por acuerdo entre la administración actuante y los propietarios afectados.

3. La cesión de suelo a que se hace referencia en el apartado 1.a puede ser substituida por su equivalente en otros terrenos fuera del sector en el supuesto de que la promoción urbanística deba dar lugar a un único establecimiento industrial, comercial u hotelero, o también en el supuesto de que se trate de mejorar la política de vivienda, debiéndose destinar en tales casos dicho equivalente a conservar o ampliar el patrimonio público de suelo. En ambos casos, el planeamiento urbanístico derivado ha de expresar, con carácter indicativo, la posición y el valor de los terrenos substitutorios, que deberá precisarse en el proceso de reparcelación.

Participación de la administración actuante en el coste de la urbanización

1. La administración actuante participa en las cargas de urbanización de los terrenos con aprovechamiento urbanístico que recibe en cumplimiento de los deberes de cesión de los propietarios, salvo que el suelo esté expresamente reservado, y conste debidamente en el Registro de la Propiedad, para atender necesidades de vivienda, mediante promoción pública de viviendas en régimen de alquiler o de cesión temporal de uso, y que, en tal caso, la administración mantenga la titularidad dominical del suelo a lo largo de un plazo mínimo de treinta años. A dichos efectos, también se admiten las fórmulas jurídicas que suponen la disociación del dominio.

2. En el supuesto de que la reserva a que se hace referencia en el apartado 1 sea parcial, la participación de la administración actuante en las cargas de urbanización ha de ser proporcional al porcentaje de suelo no reservado.

Régimen de uso del suelo no urbanizable

1. Los propietarios de suelo no urbanizable tienen el derecho de uso, de disfrute y de disposición de sus propiedades, de acuerdo con la naturaleza rústica de los terrenos, siempre bajo los imperativos derivados del principio de utilización racional de los recursos naturales y dentro de los límites establecidos en la presente Ley, en la legislación sectorial, en el planeamiento urbanístico y en la legislación que sea de aplicación al ejercicio de las facultades de disposición de esta clase de suelo.

2. Se prohíben las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbanizable.

3. Queda permitido, en suelo no urbanizable, con los requisitos fijados en la presente Ley, reconstruir y rehabilitar las masías y casas rurales que sea preciso preservar y recuperar por razones arquitectónicas, históricas o paisajísticas y hayan sido incluidas por el planeamiento urbanístico en el catálogo a que se hace referencia en el artículo 50.2, con el fin de destinarlas a vivienda familiar, a un uso residencial turístico o de hostelería rural o a actividades de educación en el ocio.

4. El suelo no urbanizable puede ser objeto de actuaciones específicas para destinarlo a las actividades o equipamientos de interés público que deban emplazarse en el medio rural. A tal efecto, son de interés público:

   a) Las actividades colectivas de carácter deportivo, cultural, de educación en el ocio y de recreo que se desarrollen al aire libre, con las obras e instalaciones mínimas e imprescindibles para el uso de que se trate.

   b) Los equipamientos y servicios comunitarios no compatibles con los usos urbanos.

   c) Las infraestructuras de accesibilidad.

   d) Las instalaciones y obras necesarias para servicios técnicos como las telecomunicaciones, la infraestructura hidráulica general, las redes de suministro de energía eléctrica, de abastecimiento y suministro de agua y de saneamiento, el tratamiento de residuos, la producción de energía a partir de fuentes renovables y demás instalaciones ambientales de interés público.

5. La autorización de las actuaciones específicas de interés público a las que se hace referencia en el apartado 4 ha de justificar debidamente que el ámbito de actuación no está sometido a un régimen especial de protección con el cual sean incompatibles, por razón de sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, por la existencia de riesgos naturales o por estar sujeto a limitaciones o servitudes para la protección del dominio público.

6. En suelo no urbanizable, además de las actuaciones de interés público a que se hace referencia en el apartado 4, sólo pueden admitirse como nuevas construcciones, respetando en cualquier caso las incompatibilidades y determinaciones de la normativa urbanística y sectorial aplicable:

   a) Las construcciones propias de una actividad agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales o, en general, rústica.

   b) Las construcciones destinadas a vivienda familiar directa y justificadamente asociadas a una de las actividades de explotación enumeradas en la letra a.

   c) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de la red viaria.

   d) Las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, el mantenimiento y el funcionamiento de las obras públicas.

   e) Las construcciones destinadas a las actividades de turismo rural o de cámping autorizadas en el plan de ordenación urbanística municipal, que exigen en todo caso la previa tramitación de un plan especial urbanístico.

7. La autorización de obras y usos en suelo no urbanizable ha de garantizar en cualquier caso la preservación de dicho suelo respecto al proceso de desarrollo urbano y la máxima integración ambiental de las construcciones y las actividades autorizadas.

8. La autorización de las obras y usos en los casos regulados en los artículos 48, 49 y 50 está sujeta, previamente a la tramitación de la licencia urbanística municipal, al procedimiento que establecen dichos preceptos. La autorización de otras actuaciones urbanísticas permitidas en suelo no urbanizable está únicamente sujeta, desde un punto de vista urbanístico, a la licencia municipal.

9. El suelo no urbanizable no puede ser dedicado a usos que, dados los valores que el plan de ordenación urbanística municipal protege o preserva y las finalidades que persigue, transformen su destino o su naturaleza o bien lesionen o impidan la realización de dichos valores y el logro de dichas finalidades.

Procedimiento para la aprobación de proyectos de actuaciones específicas de interés público en suelo no urbanizable

1. Los proyectos de las actuaciones específicas de interés público a que se hace referencia en el artículo 47.4, si no están incluidas en un plan especial urbanístico, han de someterse a información pública por el ayuntamiento, por un plazo de un mes, y han de incluir la siguiente documentación:

   a) Una justificación específica de la finalidad del proyecto y de la compatibilidad de la actuación con el planeamiento urbanístico y sectorial.

   b) Un estudio de impacto paisajístico.

   c) Un estudio arqueológico y un informe del Departamento de Cultura, si la actuación afecta a restos arqueológicos de interés declarado.

   d) Un informe del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, si el ámbito de actuación no está comprendido en un plan sectorial agrario.

   e) Un informe de la administración hidráulica, si la actuación afecta acuíferos clasificados.

   f) Los demás informes que exija la legislación sectorial.

2. La aprobación previa de los proyectos a que se hace referencia en el apartado 1 corresponde al ayuntamiento y la aprobación definitiva corresponde a la comisión territorial de urbanismo pertinente, que ha de adoptarla en el plazo de tres meses desde la presentación del expediente completo. El proyecto puede ser denegado, si procede, por los motivos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 85. En cualquier caso, la resolución debe fijar las medidas correctoras aplicables con el fin de evitar la degradación y la fragmentación de espacios agrarios y todos los condicionantes urbanísticos necesarios, cuyo cumplimiento deberá garantizarse adecuadamente. La evaluación de impacto ambiental se tramita de conformidad con la legislación sectorial específica, cuando es preceptiva.

3. La aprobación definitiva de los proyectos a que se hace referencia en el apartado 1 es requisito para poder tramitar las licencias o autorizaciones municipales relativas a la actuación, que sin embargo pueden ser tramitadas simultáneamente, condicionadas en cualquier caso a la aprobación del proyecto.

Procedimiento para la aprobación de determinados proyectos de nuevas construcciones en suelo no urbanizable

1. Los proyectos de construcciones a que se hace referencia en el artículo 47.6.a, propias de una actividad agrícola, ganadera, de explotación de recursos naturales o, en general, rústica, han de someterse al procedimiento regulado en el artículo 48 si se superan los umbrales que se establezcan en el planeamiento urbanístico general, referidos a las características de los proyectos, a su ubicación y a su impacto potencial.

2. Los proyectos de nuevas construcciones a que se hace referencia en el artículo 47.6.b, destinadas a vivienda familiar o al alojamiento de trabajadores temporeros, han de someterse en todos los casos al procedimiento regulado en el artículo 48, incluidos los proyectos a que se hace referencia en el apartado 1 que incorporen estos usos. En cualquier caso, los citados usos han de estar directa y justificadamente asociados a la explotación rústica de que se trate, y las construcciones han de constituir un conjunto integrado, adecuado al medio rural.

3. El procedimiento de aprobación de proyectos regulado en el artículo 48 se aplica también a las siguientes actuaciones en suelo no urbanizable:

a) La apertura o recuperación de vías de acceso, caminos y atajos, en el caso en que la recuperación no esté integrada en un proyecto de actuación admitida en esta clase de suelo, tramitado de acuerdo con la legislación sectorial.

b) Las estaciones de suministro de carburantes y de prestación de otros servicios de carretera.

c) Cualquier otra actuación que afecte a restos arqueológicos de interés declarado o a acuíferos clasificados.

Procedimiento para la aprobación en suelo no urbanizable de proyectos de reconstrucción y rehabilitación de masías y casas rurales y de proyectos de actividades de explotación de recursos naturales

1. En suelo no urbanizable, los proyectos de reconstrucción o rehabilitación de masías y casas rurales y los proyectos de actividades de explotación de recursos naturales han de someterse a información pública por el ayuntamiento, por un plazo de veinte días, y al informe de la comisión territorial de urbanismo competente, que debe emitirse en el plazo de dos meses. La correspondiente licencia sólo se puede otorgar si dicho informe es favorable.

2. El planeamiento urbanístico general o especial ha de identificar en un catálogo específico las masías y casas rurales susceptibles de reconstrucción o de rehabilitación y justificar las razones arquitectónicas, históricas o paisajísticas que determinan su preservación y su recuperación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.3. 3. La reconstrucción y la rehabilitación del patrimonio arquitectónico rural han de respetar el volumen edificado preexistente y la composición volumétrica original previamente determinados. Si no se alteran las características originales de la edificación, se puede admitir su división horizontal, con las limitaciones que se establezcan en el planeamiento urbanístico y de acuerdo con la normativa reguladora de las condiciones objetivas de habitabilidad.

Directrices para las licencias de edificación en suelo no urbanizable

1. Los materiales, los sistemas constructivos y la tipología aparentes de las edificaciones en suelo no urbanizable han de ser los propios del ámbito territorial donde estén emplazados.

2. Las licencias municipales para la edificación en suelo no urbanizable han de fijar las condiciones especiales que han de adoptarse, a cargo de los interesados, para la obtención de los suministros necesarios y el logro de los adecuados niveles de saneamiento, con las debidas garantías de seguridad, salubridad y no contaminación. En cualquier caso, se aplica a estas condiciones de edificación lo establecido para las edificaciones en suelo urbano en el artículo 41.3.

Régimen de uso del suelo urbanizable

1. El régimen de uso del suelo urbanizable no delimitado se ajusta al régimen de utilización, disfrute y disposición establecido en el presente capítulo para el suelo no urbanizable. Los propietarios de suelo urbanizable no delimitado pueden promover su transformación, de acuerdo con lo que se establece en el artículo 33.4.

2. En suelo urbanizable delimitado no es posible autorizar los usos y obras regulados en el artículo 47 para el suelo no urbanizable.

Régimen de uso provisional del suelo

1. Puede autorizarse dar los usos provisionales al suelo y realizar en el mismo las obras de carácter provisional que no estén expresamente prohibidos en la legislación urbanística o sectorial ni en el planeamiento territorial, urbanístico o sectorial y que no puedan dificultar la ejecución de estos planeamientos, tanto en suelo urbanizable delimitado como en terrenos emplazados en cualquier otra clase de suelo que estén afectados por sistemas urbanísticos generales o locales, en tanto en cuanto no se haya iniciado en el mismo un procedimiento de reparcelación, de ocupación directa o de expropiación.

2. La autorización a que se hace referencia en el apartado 1 en ningún caso da derecho a percibir indemnización.

3. Sólo pueden admitirse como usos provisionales, a efectos de lo establecido en el apartado 1, el almacenamiento o el depósito simples y puros de mercancías o bienes muebles, la prestación de servicios particulares a los ciudadanos, las actividades del sector primario, las actividades comerciales relacionadas con dicho sector y las actividades de ocio, deportivas, recreativas y culturales. No se admiten como usos provisionales los usos residenciales ni los usos industriales.

4. Las obras ejecutadas para usos provisionales citados en el apartado 3 han de ser las mínimas imprescindibles para permitir unas instalaciones fácilmente desmontables, pero no pueden omitir ninguna de las garantías de seguridad establecidas en la legislación sectorial, que han de acreditarse en la memoria justificativa que debe presentarse a tales efectos.

5. Se puede autorizar la utilización provisional de los edificios y las instalaciones que están fuera de ordenación para instalar en ellos oficinas y para desarrollar actividades comerciales, además de los usos admitidos en el apartado 3. Esta autorización se sujeta en todo caso a las determinaciones del presente artículo, con las limitaciones que se señala en el artículo 102.

6. Los terrenos destinados a sistemas urbanísticos generales o locales ya adquiridos por la Administración pública pueden ser utilizados de forma temporal y esporádica, para instalar en los mismos mercados ambulantes o para desarrollar actividades de ocio, deportivas, recreativas, culturales y similares. La autorización de estos usos no supone el incumplimiento de la obligación de destinar los terrenos a las finalidades determinadas por el planeamiento urbanístico.

Procedimiento para la autorización de usos provisionales del suelo y de obras de carácter provisional

1. La autorización municipal de dar al suelo un uso provisional o de realizar en el mismo obras de carácter provisional requiere previamente la información pública por el ayuntamiento, por un plazo de veinte días, y requiere el previo informe favorable de la comisión territorial de urbanismo correspondiente, que la ha de emitir en el plazo de dos meses. La autorización requiere también la aceptación por los propietarios de hacer cesar los usos y de desmontar o derribar las instalaciones y las obras cuando lo acuerde el ayuntamiento, sin derecho a percibir indemnización de ningún tipo, y puede imponer la constitución de las garantías necesarias para asegurar la reposición del suelo y del espacio al estado anterior a la ejecución de dichos usos y obras.

2. La autorización a que se hace referencia en el apartado 1 adquiere eficacia si se hacen constar en la misma las condiciones en el Registro de la Propiedad, en los supuestos regulados por reglamento.

3. La eficacia de la autorización a que se hace referencia en el apartado 1 queda sometida a la condición resolutoria de que, en todo momento, los compromisos aceptados por los propietarios sean también aceptados expresamente por los gestores o explotadores de los usos, las obras, los edificios o las instalaciones, en virtud de arrendamiento o de cualquier otro negocio jurídico con los propietarios, sin perjuicio de las demás determinaciones que establezca para este caso la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones.

Tipos de planes de ordenación urbanística

1. La planificación urbanística del territorio se realiza mediante el planeamiento urbanístico general, que está integrado por los planes directores urbanísticos, por los planes de ordenación urbanística municipal y por las normas de planeamiento urbanístico. Los programas de actuación urbanística municipal son también parte del planeamiento urbanístico general y lo complementan.

2. El planeamiento urbanístico general se desarrolla mediante el planeamiento urbanístico derivado, que está integrado por los planes especiales urbanísticos, por los planes de mejora urbana, por los planes parciales urbanísticos y por los planes parciales urbanísticos de delimitación.

3. Los planes especiales urbanísticos que no desarrollan determinaciones del planeamiento urbanístico general han de justificar la necesidad de su aprobación y su compatibilidad con dicho planeamiento. En el caso de los planes de mejora urbana, se aplica lo establecido en el artículo 68.4. 4. El planeamiento urbanístico derivado está supeditado a las determinaciones del planeamiento urbanístico general, de acuerdo con el artículo 13.1, sin perjuicio de las determinaciones que le son propias.

5. La coherencia del planeamiento urbanístico con el planeamiento territorial se rige por el artículo 13.2 y por la legislación de política territorial.

Planes directores urbanísticos

1. Corresponde a los planes directores urbanísticos, de conformidad con el planeamiento territorial y atendiendo a las exigencias del desarrollo regional, establecer:

   a) Las directrices para coordinar la ordenación urbanística de un territorio de ámbito supramunicipal.

   b) Determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, la movilidad de personas y mercancías y el transporte público.

   c) Medidas de protección del suelo no urbanizable, y los criterios para la estructuración orgánica de dicho suelo.

   d) La concreción de las grandes infraestructuras.

   e) La programación de políticas supramunicipales de suelo y vivienda, concertadas con los ayuntamientos afectados en el seno de la tramitación regulada en el artículo 81.2.Los planes directores urbanísticos han de especificar los criterios para su seguimiento y para su modificación o revisión, han de incluir las adecuadas determinaciones para las finalidades que persiguen y han de contener la siguiente documentación:

   a) Los estudios justificativos.

   b) La memoria.

   c) La programación de las actuaciones para su aplicación.

   d) Las bases técnicas y económicas para su desarrollo.

   e) Los planos de información y ordenación.

   f) Las normas que se han de cumplir obligadamente.

3. Los planes directores urbanísticos pueden establecer determinaciones para ser directamente ejecutadas o bien para ser desarrolladas mediante planes especiales urbanísticos que posibiliten el ejercicio de competencias propias de los entes supramunicipales.

4. El planeamiento que resulte afectado por las determinaciones de un plan director urbanístico ha de adaptarse a éste en los plazos que en el mismo se establezcan, sin perjuicio de la entrada en vigor inmediata del plan director y exceptuando las disposiciones transitorias que incluya.

Planes de ordenación urbanística municipal

1. Los planes de ordenación urbanística municipal son el instrumento de ordenación urbanística integral del territorio y pueden comprender un término municipal o más.

2. Corresponde a los planes de ordenación urbanística municipal, como mínimo:

   a) Clasificar el suelo, para el establecimiento del correspondiente régimen jurídico.

   b) Definir el modelo de implantación urbana y las determinaciones para el desarrollo urbanístico, de acuerdo con lo establecido en el artículo 3. c) Definir la estructura general que debe adoptarse para la ordenación urbanística del territorio y establecer las pautas para su desarrollo.

   d) Determinar las circunstancias que pueden producir su modificación o revisión.

3. Los planes de ordenación urbanística municipal han de reservar para la construcción de viviendas de protección pública, con carácter general, como mínimo, el suelo correspondiente al 20% del techo que se califique para el uso residencial de nueva implantación, tanto en suelo urbano como en suelo urbanizable. Sin embargo, las comisiones territoriales de urbanismo, a propuesta municipal, pueden disminuir esta reserva en los sectores con densidades inferiores a veinticinco viviendas por hectárea que, por su tipología, no sean aptas para la construcción de viviendas protegidas.

Determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal

1. Los planes de ordenación urbanística municipal, en aplicación de lo establecido en el artículo 57:

   a) Clasifican el territorio en las clases de suelo definidas por la presente Ley y en los ámbitos o superficies que resulten necesarios en función de los objetivos de desarrollo y de la complexidad urbanística del municipio.

   b) Establecen las determinaciones que corresponden a cada clase de suelo para conseguir la plena efectividad del respectivo régimen.

   c) Desarrollan para cada clase de suelo la estructura general y el modelo del territorio, que ha de adecuarse a las determinaciones de los artículos 3 y 9. d) Determinan los indicadores de crecimiento, población, recursos y desarrollo económico y social del sistema urbano que deban considerarse para decidir la oportunidad y la conveniencia de cada actuación, de acuerdo con los intereses públicos derivados del imperativo de utilización racional del territorio.

   e) Incorporan previsiones sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y energéticos.

   f) Definen el sistema general de espacios libres públicos, que ha de responder, como mínimo, a la proporción de 5 m2 por cada 25 m2 de techo admitido por el planeamiento urbanístico para uso residencial.

2. En suelo urbano, los planes de ordenación urbanística municipal:

   a) Aplican las técnicas de calificación o zonificación del suelo y de reserva o afectación de éste para sistemas urbanísticos generales y locales, respetando en todo caso la proporción adecuada a las necesidades de la población.

   b) Asignan usos detallados para cada zona.

   c) Regulan los parámetros y los criterios de armonización formal y compositiva de las edificaciones.

   d) Determinan los valores arquitectónicos, paisajísticos y medioambientales que deben ser protegidos en ellos.

   e) Regulan el uso del subsuelo, de acuerdo con el artículo 39, para hacer factibles la prestación de los servicios y la implantación de las infraestructuras necesarias para la colectividad, respetando en todo caso los aprovechamientos privados que sean compatibles con éstos.

3. En suelo urbano consolidado, y en los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten polígonos de actuación, los planes de ordenación urbanística municipal:

   a) Detallan la ordenación urbanística del suelo, fijan los parámetros urbanísticos necesarios para el otorgamiento de licencias de edificación y señalan las alineaciones y las rasantes. Por lo que respecta a la ordenación de volúmenes, se puede prever de forma alternativa y concretar, o bien mediante la reparcelación o bien en el momento del otorgamiento de licencias de edificación.

   b) Precisan las características y el trazado de las obras de urbanización básicas, evalúan su coste y dividen su ejecución en etapas, con el suficiente nivel de detalle para permitir su ejecución inmediata, más unos criterios y un presupuesto orientativo de las demás obras y gastos de urbanización, sin perjuicio de la concreción que hagan los proyectos de urbanización complementarios. Las obras de urbanización básicas comprenden las relativas al saneamiento, la compactación y la nivelación de terrenos destinados a viales, incluido el paso de peatones, y las redes de suministro y distribución de agua, energía eléctrica y de conexión a las redes de telecomunicaciones.

4. En los ámbitos del suelo urbano no consolidado para los cuales delimiten sectores sujetos a un plan de mejora urbana, los planes de ordenación urbanística municipal fijan los índices de edificabilidad bruta, las densidades y los usos principales y compatibles.

5. En suelo urbano consolidado, los planes de ordenación urbanística municipal establecen los elementos de urbanización que es necesario completar o terminar para que los terrenos adquieran la condición de solar.

6. En suelo urbanizable delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal concretan la delimitación de los sectores y, para cada uno de ellos, los índices de edificabilidad bruta, la densidad máxima, que en ningún caso puede superar las cien viviendas por hectárea, y los usos principales y compatibles.

7. En suelo urbanizable no delimitado, los planes de ordenación urbanística municipal establecen:

   a) Las magnitudes máximas o mínimas de las actuaciones urbanísticas permitidas, en función de los diferentes usos.

   b) Las intensidades máximas de los usos urbanísticos.

   c) Las conexiones con las infraestructuras exteriores.

   d) Los niveles o porcentajes de suelo de cesión obligatoria y gratuita.

8. En suelo no urbanizable, los planes de ordenación urbanística municipal:

   a) Regulan cada una de las calificaciones posibles, en coherencia con el nivel de conservación y protección pretendidos.

   b) Regulan los parámetros básicos de las edificaciones admisibles.

   c) Establecen los umbrales a los que se refiere el artículo 49.1. d) Contienen, si procede, el catálogo al cual se refiere el artículo 50.2.

Documentación de los planes de ordenación urbanística municipal

1. Los planes de ordenación urbanística municipal se formalizan, exceptuando lo establecido en el apartado 2, mediante los siguientes documentos:

   a) La memoria descriptiva y justificativa del plan, con los estudios complementarios correspondientes.

   b) Los planos de información y ordenación urbanística del territorio y de trazado de las redes básicas de abastecimiento de agua, de suministro de gas y energía eléctrica, de comunicaciones, de telecomunicaciones y de saneamiento y las correspondientes a los demás servicios establecidos en el plan.

   c) Las normas urbanísticas.

   d) El catálogo de bienes a proteger, de acuerdo con el artículo 69.

   e) La agenda y la evaluación económica y financiera de las actuaciones a desarrollar.

   f) La documentación medioambiental adecuada y, como mínimo, el informe medioambiental.

   g) El programa de actuación urbanística municipal, si procede.

2. En caso de que la escasa complejidad urbanística de un municipio sólo exija distinguir entre suelo urbano y suelo no urbanizable, la documentación mínima de los planes de ordenación urbanística municipal ha de consistir en la memoria, los planos de información y delimitación del suelo urbano y no urbanizable, las normas urbanísticas básicas, alineaciones y rasantes y el informe medioambiental.

3. La memoria a que se hace referencia en el apartado 1.a ha de integrar:

   a) El programa de participación ciudadana que el ayuntamiento haya aplicado a lo largo del proceso de formulación y tramitación del plan para garantizar la efectividad de los derechos reconocidos en el artículo 8.

   b) La justificación de la observancia del objetivo del desarrollo urbanístico sostenible y de las directrices para el planeamiento urbanístico que son objeto, respectivamente, de los artículos 3 y 9.

   c) Las medidas adoptadas para facilitar el logro de una movilidad sostenible en el municipio, en cumplimiento de la obligación de prestación del servicio de transporte colectivo urbano de viajeros.

Programas de actuación urbanística municipal

1. Los programas de actuación urbanística municipal son la expresión de las políticas municipales de suelo y vivienda y contienen las previsiones y compromisos asumidos para el desarrollo de los planes de ordenación urbanística municipal correspondientes por lo que se refiere a la reforma y la mejora urbanas, a los equipamientos y a la generación de actividad económica, dentro del marco del desarrollo urbanístico sostenible.

2. Los programas de actuación urbanística municipal han de evaluar y atender las necesidades de suelo y vivienda de los municipios, dentro de su plazo de vigencia, y han de acreditar que son coherentes con los planes territoriales o directores que los afectan. Asimismo, han de determinar qué iniciativa, la pública o la privada, es preferente para la promoción del planeamiento urbanístico derivado, y pueden establecer, si procede, una reserva para la iniciativa pública a lo largo de un plazo concreto, que no puede superar el de la vigencia del programa.

3. Los programas de actuación urbanística municipal pueden prever todas o alguna de las figuras del planeamiento urbanístico derivado a que se refiere el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.

4. La adopción de los programas de actuación urbanística municipal es de carácter potestativo. En todo caso, durante su vigencia, la observancia de las determinaciones que incluyen supone el nivel superior de ejercicio de las competencias municipales en materia de planeamiento urbanístico.

5. Los programas de actuación urbanística municipal son el marco de referencia adecuado para la concertación de actuaciones en materia de suelo y vivienda entre los ayuntamientos y la Administración de la Generalidad.

6. Los programas de actuación urbanística municipal tienen una vigencia máxima de seis años, y han de referirse tanto a las actuaciones del sector público como a las de los particulares.

7. Los programas de actuación urbanística municipal pueden delimitar el suelo urbanizable y modificar los sectores previamente delimitados. En éstos dos supuestos, han de contener las determinaciones propias de los planes de ordenación urbanística municipal, y la documentación pertinente.

8. Los programas de actuación urbanística municipal completan, si procede, la determinación de los criterios objetivos que han de permitir decidir la conveniencia o la necesidad de la delimitación y la transformación urbanística del suelo urbanizable no delimitado, de acuerdo con lo establecido en los apartados 1.d, 1.e y 7 del artículo 58.9.Los programas de actuación urbanística municipal pueden incluir sistemas urbanísticos generales en los sectores de suelo urbanizable y en el ámbito de los planes de mejora urbana, así como en los polígonos de actuación urbanística en suelo urbano. Asimismo, pueden acordar operaciones de mejora urbana y actuaciones sometidas a un plan especial urbanístico, así como delimitar polígonos de actuación urbanística no definidos en el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal.

10. Los programas de actuación urbanística municipal han de concretar y distribuir la reserva de suelo que el correspondiente plan de ordenación urbanística municipal determine en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57.3, si el plan de ordenación no lo realiza.

11. Los programas de actuación urbanística municipal han de establecer plazos para la ejecución de las obras de urbanización, pueden fijar plazos para la edificación de los solares, delimitar áreas tanto para el ejercicio de los derechos de tanteo y de retracto como para la aplicación de programas de rehabilitación de edificios, definir sectores de urbanización prioritaria, incluir las reservas de terrenos reguladas en el artículo 151 y establecer las oportunas medidas para la adecuada culminación urbanística de las urbanizaciones existentes.

12. La adopción, actualización, modificación o revisión de los programas de actuación urbanística municipal, si se tramitan con independencia del correspondiente plan de ordenación urbanística municipal, siguen el mismo procedimiento que éste.

Documentación de los programas de actuación urbanística municipal

1. Los programas de actuación urbanística municipal se componen de los siguientes documentos:

   a) La memoria razonada de los objetivos que persiguen y de las medidas y los medios programados para lograrlos, en coherencia con el planeamiento de rango superior.

   b) La relación de las actuaciones programadas.

   c) El calendario de ejecución.

   d) La evaluación económica y financiera, y las disposiciones presupuestarias procedentes.

   e) Los estudios complementarios procedentes.

   f) Los planos de información, de delimitación y de esquemas de integración urbana de las actuaciones y, en su caso, los planos de ordenación y las normas para su aplicación.

   g) Los documentos necesarios, en su caso, para los supuestos a que se hace referencia en los apartados 7 a 11 del artículo 60.

2. La memoria a que se hace referencia en el apartado 1.a ha de justificar la coherencia del programa con el planeamiento territorial y con el planeamiento urbanístico.

Normas de planeamiento urbanístico

1. Las normas de planeamiento urbanístico son instrumentos del planeamiento urbanístico general que suplen los planes de ordenación urbanística municipal en los supuestos de suspensión determinados en el artículo 63 y en los supuestos de pérdida de vigencia.

2. Las normas de planeamiento urbanístico, además de lo dispuesto en el apartado 1, pueden complementar las determinaciones de los planes de ordenación urbanística municipal. En este caso, las normas pueden referirse a una pluralidad de municipios, así como pueden establecer determinaciones de interés supramunicipal, para satisfacer objetivos establecidos en el planeamiento territorial o en las directrices de un plan director urbanístico.

3. Con la finalidad de complementar los planes de ordenación urbanística municipal, el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, si aprecia la necesidad o la conveniencia de regular aspectos no determinados total o parcialmente por un plan de ordenación urbanística municipal, habiendo concedido audiencia al ayuntamiento afectado y visto el informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, ha de requerir al ayuntamiento para que proceda, en los plazos que se fijen, a formular y tramitar la correspondiente modificación o revisión del plan. En caso de incumplimiento de cualquier de los plazos establecidos, el consejero o consejera ha de someter al Gobierno la adopción de los acuerdos que procedan, de entre los regulados en el artículo 63.4.Corresponde al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas la competencia sobre las normas de planeamiento urbanístico, que contienen las determinaciones correspondientes a los planes de ordenación urbanística municipal y se componen de los documentos necesarios para justificar las determinaciones que incorporan y la función para la cual se dictan. Las normas han de redactarse con el nivel de precisión adecuado al plan que complementan o suplen, de conformidad con los correspondientes preceptos de la presente Ley.

Supuestos de suspensión de un plan de ordenación urbanística municipal

1. El Gobierno, por razones justificadas de interés público, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, de oficio o a iniciativa de otro consejero o consejera del Gobierno, visto el informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña, y habiendo concedido audiencia a los entes locales interesados, puede suspender la vigencia de un plan de ordenación urbanística municipal, en la forma, en los plazos y con los efectos señalados en los artículos 70, 71 y 72, en todo su ámbito o en parte de éste, y acordar su modificación o revisión.

2. En caso de suspensión de la vigencia de un plan de ordenación urbanística municipal a que se hace referencia en el apartado 1, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas puede dictar en el plazo de seis meses, a contar desde el acuerdo de suspensión, las normas de planeamiento que suplan el plan hasta que no se apruebe su modificación o revisión.

3. Las normas dictadas en virtud del apartado 2 pueden abarcar suelo urbanizable falto de plan parcial aprobado, o que se halle en tramitación, para permitir en él la instalación de equipamientos o servicios comunitarios, si el acuerdo del Gobierno aprecia razones de interés público supramunicipal; en este supuesto, las normas han de desarrollarse mediante el plan especial regulado en el artículo 67.1.e.

4. Las facultades atribuidas al Gobierno en el presente artículo se aplican también en los supuestos a que se hace referencia en el artículo 182.2 y a instancia de las corporaciones locales interesadas, también por razonas justificadas de interés público.

Mantenimiento global de las superficies destinadas a cada uno de los sistemas urbanísticos locales

Los planes de ordenación urbanística municipal, los programas de actuación urbanística municipal y las normas de planeamiento urbanístico pueden establecer, por razones de interés público, que la totalidad del suelo de cesión obligatoria y gratuita para sistemas urbanísticos locales en cada sector de planeamiento parcial sea aplicada a uno o más de los destinos posibles, sin disminución final de la superficie de cada una.

Planes parciales urbanísticos

1. Los planes parciales urbanísticos tienen por objeto, en suelo urbanizable, desarrollar el planeamiento urbanístico general y contienen todas las determinaciones pertinentes para la ordenación urbanística detallada de los sectores que abarquen, de conformidad con el régimen del suelo urbanizable.

2. A efecto de lo establecido en el apartado 1, los planes parciales urbanísticos:

   a) Califican el suelo.

   b) Regulan los usos y parámetros de la edificación que han de permitir el otorgamiento de licencias.

   c) Señalan las alineaciones y rasantes.

   d) Definen los parámetros básicos de la ordenación de volúmenes, que puede adoptar una forma alternativa. En dicho caso, la opción escogida ha de concretarse en la reparcelación o en el momento de otorgar las licencias de edificación.

   e) Establecen las condiciones de gestión y los plazos para promover los instrumentos correspondientes y para ejecutar las obras de urbanización y edificación, sin perjuicio de que éstos puedan ser modificados por el programa de actuación urbanística municipal.

   f) Precisan las características y el trazado de las obras de urbanización básicas a las que se refiere el Artículo 58.3.b, y evalúan su coste y dividen su ejecución en etapas, con el nivel suficiente de detalle para permitir su ejecución inmediata, y establecen unos criterios y un presupuesto orientativo de las demás obras y gastos de urbanización, sin perjuicio de la concreción superior de los proyectos de urbanización complementarios.

3. En los sectores de uso residencial, tanto si dicho uso es el principal como si es mixto con otros usos, los planes parciales urbanísticos han de reservar para zonas verdes y espacios libres públicos un mínimo de 5 m2 de suelo por cada 25 m2 de techo edificable, con un mínimo del 10% de la superficie del ámbito de actuación, y han de reservar también para equipamientos de titularidad pública un mínimo de 5 m2 de suelo por cada 25 m2 de techo, con un mínimo del 5% de la superficie del ámbito, además del suelo destinado a servicios técnicos, en su caso.

4. En los sectores de uso industrial o comercial, los planes parciales urbanísticos han de reservar para zona verde un mínimo del 10% de la superficie del ámbito y han de reservar para equipamientos un mínimo del 5% de dicha superficie y para áreas de protección de sistemas con finalidades de separación de usos, además del suelo destinado a servicios técnicos, en su caso.

5. Los ayuntamientos, en ocasión de la tramitación de un plan parcial urbanístico, han de concretar las características del mobiliario urbano, el arbolado, el ajardinamiento, el pavimento de las aceras, el tipo de bordillos y de alumbrado y la señalización, de acuerdo con las prescripciones municipales pertinentes, con el fin de posibilitar su valoración y el coste ulterior por parte de los propietarios afectados.

Documentación de los planes parciales urbanísticos

1. Los planes parciales urbanísticos se componen, formalmente, de los siguientes documentos:

   a) La memoria, y los estudios justificativos y complementarios.

   b) Los planos de información, de ordenación, de proyecto y de detalle de la urbanización.

   c) Las normas reguladoras de los parámetros de uso y edificación del suelo.

   d) La evaluación económica de la promoción, y el estudio y la justificación de su viabilidad.

   e) El presupuesto de las obras y los servicios, y el plan de etapas de unas y otras.

   f) La división poligonal, si procede.

   g) La justificación de que se cumplen las determinaciones del planeamiento urbanístico general sobre movilidad sostenible.

   h) La documentación medioambiental pertinente y, como mínimo, el informe medioambiental.

   9. La justificación que se adecua al programa de actuación urbanística municipal, en su caso.

2. Los planes parciales urbanísticos que se refieren a ámbitos no delimitados previamente como sectores por el planeamiento urbanístico general han de contener una justificación específica de la adecuación de la promoción a lo que establecen los apartados 1.d, 1.e y 7 del artículo 58, y han de promoverse y tramitar con la denominación de planes parciales de delimitación.

Planes especiales urbanísticos

1. Sin perjuicio de los que se puedan aprobar en virtud de la legislación sectorial, se pueden redactar planes especiales urbanísticos en los siguientes supuestos:

   a) Si son necesarios, en desarrollo de las determinaciones contenidas en los planes territoriales parciales y sectoriales y en el planeamiento urbanístico general, para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, para la recuperación y mejora del paisaje urbano, para la protección de los espacios fluviales, para la protección adicional del paisaje y de las vías de comunicación, para la mejora de ámbitos rurales, para la identificación y la regulación de las masías y casas rurales a las que se refiere el artículo 50.2 o para cualquier otra finalidad análoga.

   b) Para la ordenación del subsuelo, si no es objeto de otra figura del planeamiento urbanístico derivado.

   c) Para la implantación de cámpings y establecimientos de turismo rural, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47.6.e.

   d) Para concretar la titularidad y el uso de los equipamientos comunitarios, en defecto del planeamiento urbanístico general.

   e) Para la ejecución directa de obras correspondientes a la infraestructura del territorio o a los elementos determinantes del desarrollo urbano, en lo concerniente al señalamiento y localización de las infraestructuras básicas relativas a las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas, a la infraestructura hidráulica general, al abastecimiento de agua, al saneamiento, al suministro de energía eléctrica y a los demás sistemas urbanísticos generales. Si la infraestructura afecta a más de un municipio o a varias clases de suelo, la formulación y la tramitación del plan especial son preceptivas, sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.

2. Los planes especiales urbanísticos dictados en virtud del apartado 1.a que tengan por finalidad la protección de zonas de un gran valor agrícola, forestal o ganadero, de zonas deltaicas o de espacios rurales o periurbanos pueden imponer restricciones de uso de los terrenos, para impedir su desaparición o alteración.

3. La aprobación de los planes especiales urbanísticos habilita a la administración competente para ejecutar las obras e instalaciones correspondientes, sin perjuicio de la exigibilidad de las licencias y autorizaciones administrativas preceptivas, y sin perjuicio de lo establecido en la legislación sectorial.

4. Los planes especiales urbanísticos contienen las determinaciones que exigen el planeamiento territorial o urbanístico correspondiente o, en su defecto, las propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, planos, normas y catálogos correspondientes.

Planes de mejora urbana

1. Los planes de mejora urbana tienen por objeto:

   a) En suelo urbano no consolidado, completar el tejido urbano o bien cumplir operaciones de rehabilitación, reforma interior, remodelación urbana, transformación de usos, reurbanización, ordenación del subsuelo o saneamiento de poblaciones y otras similares.

   b) En el suelo urbano consolidado, completar o terminar la urbanización, en los términos señalados en la letra b del artículo 30, y regular la composición volumétrica y de fachadas.

2. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la remodelación urbana, la transformación de usos o la reurbanización pueden determinar operaciones urbanísticas que supongan la reconversión del modelo urbanístico del ámbito del cual se trate, en cuanto la estructura, la edificación existente y los usos, o bien establecer la sustitución integral o parcial de las infraestructuras de urbanización y la implantación de nuevas infraestructuras, por razones de obsolescencia o de insuficiencia manifiesta de las existentes o por las exigencias del desarrollo económico y social.

3. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la ordenación específica del subsuelo para ámbitos determinados han de regular:

   a) La posibilidad de aprovechamiento privado y, específicamente, de mantener o no, en todo o en parte, el aprovechamiento privado preexistente.

   b) El uso del subsuelo, vinculado al uso público y a la prestación de servicios públicos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39. 4. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la realización de operaciones de mejora urbana no contenidas en el plan de ordenación urbanística municipal requieren su modificación, previamente o simultáneamente, a excepción de los supuestos en los que no se alteren ni los usos principales, ni los aprovechamientos y las cargas urbanísticas ni la estructura fundamental del planeamiento urbanístico general.

5. Los planes de mejora urbana que tengan por objetivo la realización de operaciones de revitalización del tejido urbano, para garantizar el mantenimiento o el restablecimiento de la calidad de vida, han de regular las condiciones de compatibilidad de los diversos usos del suelo.

6. Los planes de mejora urbana contienen las determinaciones propias de su naturaleza y finalidad, debidamente justificadas y desarrolladas en los estudios, los planos y las normas correspondientes.

7. Se aplica a los planes de mejora urbana lo establecido en los artículos 65 y 66 para los planes parciales urbanísticos, a excepción de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 65 por lo que se refiere a la reserva de suelo.

8. Los planes de mejora urbana han de concretar las reservas necesarias para los sistemas urbanísticos locales, si no lo ha efectuado el planeamiento urbanístico general.

Catálogos de bienes protegidos y ordenanzas municipales

1. Para conseguir la efectividad de las medidas urbanísticas de protección de monumentos, edificios, jardines, paisajes o bienes culturales, las administraciones competentes han de incluir en un catálogo los bienes que sea preciso proteger. Los catálogos, juntamente con las normas específicas, y de acuerdo con las categorías establecidas por la legislación sectorial aplicable, son parte integrante de la documentación imperativa del correspondiente plan.

2. Los ayuntamientos, de acuerdo con la legislación de régimen local, pueden aprobar ordenanzas de urbanización y edificación para regular aspectos que no son objeto de las normas de los planes de ordenación urbanística municipal, sin contradecir ni alterar sus determinaciones.

Valoración del suelo y supuestos indemnizatorios

1. La valoración del suelo, y la de los demás bienes y derechos que la administración deba expropiar, deben ajustarse a lo establecido en la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y valoraciones.

2. Los supuestos de indemnización por razones urbanísticas se regulan en la legislación de aplicación y en la presente Ley.

3. Las modificaciones o revisiones del planeamiento urbanístico que reduzcan el aprovechamiento sobre ámbitos de suelo urbanizable delimitado que no cuenten con un planeamiento derivado definitivamente aprobado no dan lugar a indemnización, sin perjuicio de la viabilidad de la acción de responsabilidad patrimonial por los gastos de redacción del correspondiente proyecto.

4. Los plazos de ejecución, a efectos de la indemnización por reducción de aprovechamiento urbanístico en suelo urbano, son establecidos directamente por el plan de ordenación urbanística municipal o por el programa de actuación urbanística para los polígonos de actuación y los determinados por los planes de mejora urbana; en suelo urbanizable, son los establecidos por el plan parcial.

5. Los plazos de ejecución a que se hace referencia en el apartado 4 comprenden los plazos de urbanización, así como los de edificación, si el planeamiento establece expresamente que existan. En todo caso, el incumplimiento del plazo de urbanización no interrumpe el cómputo del plazo de edificación.

6. El reconocimiento por un instrumento de ordenación urbanística de usos y edificabilidades preexistentes no tiene en caso alguno la consideración de limitación o vinculación singular.

7. En los supuestos regulados en los artículos 70 y 71, puede plantearse la indemnización del coste de los proyectos y, en su caso, el reintegro de las tasas municipales, si los proyectos resultan ineficaces, en todo o parte, como consecuencia de las nuevas determinaciones que pueda contener el planeamiento urbanístico que se apruebe definitivamente.

Objeto de la reparcelación

1. El sistema de actuación urbanística por reparcelación puede tener por objeto repartir equitativamente los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística, o regularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación, de acuerdo con el plan de ordenación urbanística.

2. En virtud de la reparcelación, y una vez efectuada, si procede, la agrupación de las fincas afectadas, se adjudican a los propietarios las parcelas resultantes, en proporción a sus respectivos derechos, y se adjudican al ayuntamiento y a la administración actuante, en su caso, los terrenos y parcelas que les corresponden, de acuerdo con la presente Ley y con el planeamiento urbanístico.

3. La reparcelación supone la determinación de las indemnizaciones y compensaciones económicas adecuadas para hacer plenamente operativo el principio del reparto equitativo de los beneficios y cargas derivados de la ordenación urbanística.

4. Deben regularse por reglamento los requisitos y la tramitación de los proyectos de reparcelación económica, los de reparcelación voluntaria, los de regularización de fincas y los de reparcelación que afectan a una única persona propietaria o a varios propietarios en proindiviso, así como los supuestos en los que la reparcelación es innecesaria.

Inicio del expediente de reparcelación

1. El expediente de reparcelación se inicia cuando se aprueba la delimitación del polígono de actuación urbanística, y debe ejecutarse mediante alguna de las modalidades del sistema de reparcelación.

2. La iniciación del expediente de reparcelación supone, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de las licencias a que se hace referencia en el artículo 70, en el ámbito del polígono de actuación urbanística, hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación de la reparcelación.

Criterios de los proyectos de reparcelación

1. Los proyectos de reparcelación deben tener en cuenta los siguientes criterios:

   a) El derecho de los propietarios, si no existe acuerdo unánime, es proporcional a la superficie de las respectivas fincas originarias en el momento de la aprobación definitiva de la delimitación del polígono de actuación urbanística. Sin embargo, si se trata de polígonos discontinuos, por razón de la inclusión de sistemas generales, es preciso tener en consideración su localización relativa, con vistas a la correspondiente ponderación de valor.

   b) Las fincas resultantes se valoran de manera que decidan por unanimidad los propietarios afectados, bajo criterios objetivos y generales para todo el ámbito de actuación y en función del aprovechamiento urbanístico atribuido por el planeamiento urbanístico al polígono de actuación urbanística de que se trate, o bien, si no hubiera acuerdo, se valoran con sujeción a los criterios de la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y de valoraciones. En cualquier caso, la valoración de las parcelas resultantes debe tener en cuenta las reglas de ponderación establecidas en el artículo 37. c) Debe procurarse que las parcelas resultantes que se adjudiquen estén situadas en un lugar cercano al de las antiguas propiedades de los mismos titulares, sin perjuicio de que, si ello no es posible, se aplique la pertinente ponderación de valores.

   d) Si la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permite adjudicarles parcelas independientes a todos ellos, el proyecto de reparcelación puede determinar una indemnización en metálico o, alternativamente, la adjudicación de las parcelas resultantes en proindiviso, salvo que la cuantía de los derechos no llegue al 15% de la parcela mínima edificable, caso en el que la adjudicación debe sustituirse necesariamente por una indemnización en metálico.

   e) Las diferencias de adjudicación deben ser objeto de compensación económica entre los interesados, cuyo valor debe fijarse atendiendo al precio de las parcelas resultantes que les hubiera correspondido si la adjudicación hubiera sido posible.

   f) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que no puedan conservarse se valoran con independencia del suelo, y su importe debe satisfacerse a los propietarios interesados con cargo al proyecto de reparcelación, en concepto de gastos de urbanización. El proyecto debe justificar los casos en que los gastos necesarios para dejar los terrenos libres y preparados para efectuar su urbanización son únicamente a cargo de los propietarios, de acuerdo con lo que se establezca por reglamento.

   g) Deben adjudicarse como fincas independientes las superficies que cumplan los requisitos de parcela mínima edificable y que tengan la configuración y características adecuadas para edificar en ellas conforme al planeamiento urbanístico, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3. El suelo que no se ajuste a dichos requisitos también puede adjudicarse como finca independiente, a instancia de los interesados, si se logra formar una parcela mínima edificable al agruparla con otra finca que linde con ella, externa al ámbito de reparcelación y de calificación igual o compatible.

   h) Debe tenerse en cuenta el valor diferencial que las parcelas destinadas a vivienda de protección pública pueden tener en relación con las de renta libre.

2. Deben regularse por reglamento los supuestos en los que es innecesaria, en un proyecto de reparcelación, la nueva adjudicación de fincas, por razón de las circunstancias concurrentes, tanto en terrenos edificados como en terrenos no edificados, sin perjuicio de la regularización de lindes que proceda y de los efectos económicos y jurídicos reales de la reparcelación.

3. En suelo urbano, para facilitar los procesos de reforma interior y rehabilitación, los proyectos de reparcelación pueden adjudicar en régimen de propiedad horizontal edificaciones existentes que sean adecuadas al planeamiento urbanístico.

4. Los bienes de dominio público participan en el reparto de beneficios y cargas en los siguientes supuestos:

   a) En el caso de que hayan sido obtenidos por expropiación, por razón de haberse avanzado su obtención de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.6.

   b) En el caso de que hayan sido adquiridos por cualquier título oneroso, o por cesión gratuita en una actuación no urbanística.

5. Los bienes de dominio público obtenidos gratuitamente en desarrollo de una actuación urbanística no dan lugar a atribución de aprovechamiento a la administración titular. No obstante, si la superficie de estos terrenos de dominio público incluidos en un ámbito de actuación urbanística es superior a la que determina el plan de ordenación para la cesión gratuita y obligatoria con destino a dominio público, la administración titular se integra con este exceso en la comunidad de reparcelación.

Efectos de la aprobación de los proyectos de reparcelación

El acuerdo de aprobación de un proyecto de reparcelación produce esencialmente los siguientes efectos económicos y jurídicos reales:

a) La cesión de derecho al municipio en el que se actúa, en pleno dominio y libres de cargas, de todos los terrenos de cesión obligatoria, para que sean incorporados al patrimonio de suelo o para que se realice su afectación a los usos que determine el plan de ordenación urbanística.

b) La afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y al pago de los gastos inherentes al sistema de reparcelación, así como, en su caso, al cumplimiento de la reserva realizada al amparo del artículo 46.

c) La subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas parcelas por las nuevas parcelas.

d) El disfrute de las exenciones tributarias establecidas en la legislación aplicable.

e) La extinción o transformación de derechos y cargas, de acuerdo con la legislación aplicable.

Certificación de los proyectos de reparcelación

1. El organismo competente para la aprobación definitiva de un proyecto de reparcelación debe expedir su certificación, de acuerdo con lo establecido en la legislación hipotecaria, con vistas a la inscripción del proyecto en el Registro de la Propiedad.

2. En el supuesto de reparcelación voluntaria, la presentación de la escritura pública y la certificación del acuerdo de reparcelación son suficientes para la inscripción en el Registro de la Propiedad.

Comunidad de reparcelación e interesados

1. Integran la comunidad de reparcelación todos los propietarios de fincas comprendidas en un polígono de actuación urbanística sometido a reparcelación.

2. Además de los propietarios de las fincas afectadas, se consideran interesados en un expediente de reparcelación los titulares de los derechos que puedan resultar afectados por la resolución, así como los titulares de intereses legítimos susceptibles de afectación que se personen en el procedimiento y acrediten dicha condición.

Iniciativa y obligaciones

1. En la modalidad de compensación básica, los propietarios aportan los terrenos de cesión obligatoria, ejecutan a su cargo la urbanización, en los términos y condiciones que sean determinados por el plan de ordenación urbanística o el acuerdo de aprobación del sistema de reparcelación, y se constituyen, mediante documento público, en junta de compensación.

2. La constitución de la junta de compensación a que se hace referencia en el apartado 1 no es obligada en los siguientes supuestos:

   a) Si existe una única persona propietaria o bien una única comunidad en proindiviso, siempre que esta situación se mantenga mientras se ejecuten las obras de urbanización.

   b) Si así lo acuerda el correspondiente ayuntamiento, siempre que el proyecto de reparcelación voluntaria cumpla los requisitos y criterios de representación y actuación establecidos por reglamento. No obstante, pueden constituir en cualquier momento una junta de compensación.

3. La iniciativa de la modalidad de compensación básica corresponde a los propietarios de fincas cuya superficie represente más del 50% de la superficie total del sector de planeamiento urbanístico o del polígono de actuación urbanística.

4. Los propietarios de fincas comprendidas en un polígono de actuación urbanística sometido a reparcelación que no hayan promovido el sistema pueden adherirse con igualdad de derechos y deberes a la junta de compensación que se constituya. De no incorporarse a la misma, la junta de compensación puede solicitar a la administración la expropiación de sus fincas, caso en el que gozará de la condición de beneficiaria de la expropiación, o bien la ocupación de dichas fincas a su favor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 150, para posibilitar la ejecución de las obras de urbanización.

5. En la modalidad de compensación básica, pueden incorporarse también a la junta de compensación, además de los propietarios, los promotores y empresas urbanizadoras que tengan que participar con los propietarios en la gestión del polígono de actuación urbanística, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en los estatutos y bases de actuación.

6. La junta de compensación, en la modalidad de compensación básica, tiene naturaleza administrativa, personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. En todo caso, en el órgano rector de la junta debe haber un representante de la administración actuante.

Liberación de obligaciones

1. Si un sector de planeamiento urbanístico o un polígono de actuación urbanística sometido a reparcelación, en la modalidad de compensación básica, tiene por propietaria una única persona, ésta queda liberada de sus obligaciones una vez ha entregado los terrenos de cesión obligatoria y gratuita, así como las obras de urbanización ejecutadas de conformidad con los proyectos aprobados.

2. En la modalidad de compensación básica, la liberación total o parcial de la persona propietaria única inicial, y la cancelación consiguiente de las garantías prestadas, por razón de la subrogación en su lugar de una junta de compensación o de conservación o de una tercera persona que la suceda en la propiedad, sólo tiene lugar si éstas asumen expresamente las obligaciones contraídas por la persona causante y formalizan las adecuadas garantías, una vez ésta ha cumplido con las obligaciones no susceptibles de subrogación.

3. La disolución de una junta de compensación, en la modalidad de compensación básica, puede acordarse si:

   a) Ha cumplido con sus obligaciones y ha entregado las obras de urbanización, de conformidad con el proyecto aprobado.

   b) La administración competente ha recibido los terrenos de cesión obligatoria y gratuita.

   c) Se ha pagado el justiprecio, una vez sea firme a todos los efectos, si la junta es la beneficiaria de la expropiación.

4. Lo establecido en los apartados 1, 2 y 3, en lo que se refiere a la entrega de las obras de urbanización, se entiende sin perjuicio del silencio administrativo positivo que se haya producido en la tramitación de la recepción.

5. En el supuesto regulado en el presente artículo, si la conservación de las obras e instalaciones de la urbanización es obligatoria, el ayuntamiento puede acordar de oficio, a partir del momento en que le son entregados, la constitución de una entidad urbanística de conservación, que sustituye a la persona propietaria única inicial o a la junta de compensación en cuanto a la obligación de conservación. Al finalizar el plazo obligatorio de conservación, debe repetirse el procedimiento de entrega y recepción de las obras e instalaciones de la urbanización por parte de la administración competente.

6. En caso de que los promotores o propietarios iniciales de los terrenos incumplan las cesiones obligatorias definidas por los instrumentos de planeamiento y delimitadas para regularizar o legalizar parcelaciones ya existentes, las cesiones pueden inscribirse en el Registro de la Propiedad a favor de la administración competente sin consentimiento de la persona que sea su titular registral, mediante la documentación determinada en la legislación hipotecaria.

Potestades de las juntas de compensación sobre las fincas

1. En la modalidad de compensación básica, la incorporación de los propietarios a la junta de compensación no presupone, salvo que los estatutos lo dispongan de otro modo, la transmisión a la junta de los inmuebles que sean afectados de los resultados de la gestión común. En todo caso, los terrenos quedan directamente afectados al cumplimiento de las obligaciones inherentes a dicha modalidad. La afectación debe constar adecuadamente en el Registro de la Propiedad.

2. En la modalidad de compensación básica, las juntas de compensación actúan como fiduciarias, con pleno poder dispositivo sobre las fincas que pertenecen a los propietarios adheridos a la junta, sin más limitación que las establecidas en los estatutos.

Responsabilidades de las juntas de compensación. Vía de apremio y expropiación

1. En la modalidad de compensación básica, la junta de compensación es directamente responsable, ante el correspondiente ayuntamiento, de la urbanización completa del sector de planeamiento urbanístico o del polígono de actuación urbanística y, si se establece expresamente, de la edificación de los solares resultantes.

2. En la modalidad de compensación básica, la junta de compensación puede solicitar al ayuntamiento competente la utilización de la vía de apremio para el cobro de las cantidades endeudadas a la junta por sus miembros.

3. En la modalidad de compensación básica, la junta de compensación es la beneficiaria de las expropiaciones que solicite al ayuntamiento por razón del incumplimiento, por parte de los miembros de la junta así como de los propietarios que no se hayan adherido a la misma, de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley y el planeamiento urbanístico.

Afectación de fincas y formulación del proyecto de reparcelación

1. Todas las fincas incluidas dentro de un polígono de actuación urbanística sometido a reparcelación, en la modalidad de compensación básica, quedan afectadas al cumplimiento de los deberes impuestos por la presente Ley inherentes a dicha modalidad, aunque sus propietarios no se hayan adherido a la junta de compensación. La afectación debe constar adecuadamente en el Registro de la Propiedad.

2. En la modalidad de compensación básica, la junta de compensación debe formular un proyecto de reparcelación que reparta los beneficios y cargas derivados de la ordenación entre todos los propietarios del polígono de actuación urbanística.

3. Todos los propietarios a que se hace referencia en el apartado 2 integran la comunidad de reparcelación, incluidos los que no se hayan adherido a la junta de compensación, sin perjuicio de la facultad de la junta de solicitar la expropiación de las fincas de estos últimos.

4. Las cuotas de urbanización, en un proyecto de reparcelación sometido a la modalidad de compensación básica, se fijan en función de los coeficientes asignados a las fincas resultantes del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114.4. Las cuotas de urbanización que correspondan a los propietarios no adheridos, una vez aprobadas por el ayuntamiento, a propuesta de la junta de compensación, son gestionadas como las derivadas de la modalidad de cooperación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.2.

5. Con relación a las cuotas de urbanización a que se hace referencia en el apartado 4, puede acordarse el pago de anticipos, tanto a cargo de los miembros de la junta de compensación como a cargo de los propietarios que no se hayan adherido a la misma.

6. La ejecución de una actuación urbanística por reparcelación sometida a la modalidad de compensación básica no excluye la posibilidad, hasta que la junta de compensación no haya formulado el proyecto de reparcelación, de concertar con el correspondiente ayuntamiento la concesión de la gestión urbanística integrada, de acuerdo con lo dispuesto en la sección tercera.

Iniciativa

La iniciativa del proyecto de reparcelación, en la modalidad de compensación por concertación, corresponde a los propietarios de fincas cuya superficie represente más del 25% de la superficie total del sector de planeamiento urbanístico o del polígono de actuación urbanística de que se trate, quienes pueden promover la constitución de una junta de compensación, una vez concertada la modalidad con el correspondiente ayuntamiento.

Formalización y requisitos de la concertación

1. La concertación de un proyecto de reparcelación entre el ayuntamiento y los propietarios se configura como un convenio urbanístico y debe formalizarse en documento público, una vez aprobado. El convenio debe disponer la concesión por concurso, tramitado por el ayuntamiento, de la gestión urbanística integrada del sector de planeamiento urbanístico o el polígono de actuación urbanística, y debe incorporar al mismo el correspondiente proyecto de bases.

2. El proyecto de bases del concurso a que se hace referencia en el apartado 1 debe especificar los documentos que la persona concesionaria debe redactar, los criterios de reparcelación, las obras que deben ejecutarse, el plazo de ejecución de las obras, las facultades de vigilancia que corresponden a la administración, los factores que deben determinar la fijación de los precios de venta de los solares resultantes, los deberes de conservación y mantenimiento, los demás compromisos de la persona concesionaria, las penalizaciones por incumplimiento, los supuestos de resolución y caducidad, las garantías, el canon de la concesión, en su caso, y las demás circunstancias derivadas de la legislación de contratos aplicable o exigidas por reglamento.

3. Las condiciones del proyecto de bases a que se hace referencia en el apartado 1 deben favorecer los aspectos que contribuyan al abaratamiento del suelo urbanizado resultante.

4. El proyecto de bases del concurso a que se hace referencia en el apartado 1 debe exigir la presentación de los avances que sean necesarios de los documentos especificados en el apartado 5, así como la presentación de un avance del presupuesto de ejecución de las obras de urbanización y la repercusión de su coste en el valor de los terrenos edificables.

5. Los documentos que la persona concesionaria debe redactar, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 116.2, son el proyecto de tasación conjunta y el proyecto de reparcelación. La concesión puede incluir también la obligación de redactar la correspondiente figura de planeamiento urbanístico y el proyecto de urbanización complementario.

6. La persona concesionaria de la gestión urbanística integrada de un proyecto de reparcelación sometido a la modalidad de compensación por concertación tiene la condición de beneficiaria de la expropiación de los terrenos de los propietarios que no se adhieran a la junta de compensación y de los miembros de la junta que incumplan sus obligaciones.

7. Corresponde a la persona concesionaria a que se hace referencia en el apartado 6 la ejecución de las obras de urbanización. Su retribución puede consistir en terrenos edificables o en solares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 116.1 y 2.

8. Las bases y estatutos de la junta de compensación, en la modalidad de compensación por concertación, deben regular la participación de la persona concesionaria en la comunidad de compensación, en su doble condición de propietaria y urbanizadora. En todo caso, si logra la propiedad de más del 50% de la superficie total de los terrenos, le corresponde la gerencia de la junta de compensación.

Publicidad del convenio

La propuesta del convenio urbanístico a que se hace referencia en el artículo 130.1 debe ser sometida a información pública, junto con el proyecto de bases, por un plazo de veinte días, y simultáneamente debe conceder audiencia a los propietarios mediante notificación personal, con advertencia de las especificidades de la modalidad de compensación por concertación y de los efectos expropiatorios que puede suponer. Dentro de este plazo, los propietarios pueden comprometerse, con las garantías que sean exigidas por reglamento, a incorporarse a la junta de compensación, así como, en su caso, expresar su preferencia por el pago de las cuotas de urbanización mediante terrenos.

Convocatoria del concurso

1. Una vez finalizado el plazo de información pública regulado en el artículo 131, el ayuntamiento debe aprobar o denegar el convenio y, en caso de aprobarlo, debe convocar el correspondiente concurso, cuyas bases deben ajustarse al proyecto contenido en el convenio.

2. Es causa de denegación de la propuesta de convenio a que se hace referencia en el artículo 131 el que, dentro del plazo de audiencia, los propietarios de fincas cuya superficie represente más del 50% de la superficie del ámbito de actuación promuevan la modalidad de compensación básica, con las garantías que sean exigidas por reglamento.

3. A solicitud de los propietarios otorgantes del convenio a que se hace referencia en el apartado 1, puede constituirse una junta de compensación provisional, la cual, si procede, puede formular la correspondiente figura de planeamiento derivado y el proyecto de urbanización complementario.

Concepto

1. En la modalidad de cooperación, los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria y gratuita. La administración actuante ejecuta las obras de urbanización con cargo a dichos propietarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 114. Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 116.2, puede exigirles el pago de anticipos y, en caso de impago de éstos y de las cuotas de urbanización acordadas, puede aplicarles la vía de apremio.

2. En la modalidad de cooperación, los propietarios pueden, a iniciativa propia o por acuerdo del ayuntamiento, constituir asociaciones administrativas, con la finalidad de colaborar en la ejecución de las obras de urbanización y redactar el proyecto de reparcelación.

Iniciativa del proyecto de reparcelación

1. Corresponde formular el proyecto de reparcelación a:

   a) Los propietarios de fincas cuya superficie represente más del 50% de la superficie total reparcelable, dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la delimitación del sector de planeamiento urbanístico o del polígono de actuación urbanística.

   b) La asociación administrativa de cooperación, si ha sido constituida dentro del plazo previsto en la letra a.

   c) La administración actuante, de oficio o a instancia o a propuesta de alguno de los propietarios afectados, si ni ellos ni la asociación administrativa de cooperación han ejercido su prioridad o bien, habiendo formulado un proyecto, y habiéndose apreciado defectos en el mismo, no los subsanan dentro del plazo que se les conceda.

2. En el supuesto a que se hace referencia en el artículo 135, la formulación del proyecto de reparcelación corresponde a la persona concesionaria de la gestión urbanística integrada.

Posibilidad de concesión de la gestión urbanística integrada

1. La modalidad de cooperación puede desarrollarse mediante la concesión de la ejecución urbanística integrada. A tal efecto, la administración actuante debe someter a información pública los rasgos básicos de la modalidad, por un plazo de un mes, con notificación individual a los propietarios afectados, y debe incorporar a la misma el proyecto de las bases que deben regir la contratación, que debe ajustarse a lo establecido en el artículo 130.2. Dentro de este plazo, los propietarios pueden expresar su preferencia por el pago de las cuotas de urbanización mediante terrenos.

2. Si no se aplica lo establecido en el artículo 116.2, la persona concesionaria de la ejecución urbanística integrada a que se hace referencia en el apartado 1 tiene la condición de beneficiaria de la expropiación de las fincas de los propietarios que dentro del plazo de información pública no expresen y garanticen, de acuerdo con lo establecido por reglamento, su compromiso de participar en la ejecución y aquellas de los que incumplan ulteriormente sus obligaciones de pago de las cuotas de urbanización.

3. La persona concesionaria de la ejecución urbanística integrada a que se hace referencia en el apartado 1 debe formular el proyecto de tasación conjunta, en su caso, y el proyecto de reparcelación. La concesión puede incluir también la obligación de formular la figura de planeamiento derivado que sea necesario y el proyecto de urbanización complementario.

4. Corresponde a la persona concesionaria de la ejecución urbanística integrada a que se hace referencia en el apartado 1 la ejecución de las obras de urbanización.

Concepto e iniciativa

1. Se entiende por sectores de urbanización prioritaria los ámbitos de suelo urbano no consolidado y de suelo urbanizable delimitado para cualquier uso que sean objeto de la correspondiente declaración por la administración competente. La actuación urbanizadora inmediata en estos sectores se justifica por la concurrencia de circunstancias especiales de carácter urbanístico, demográfico, de necesidad de desarrollo de los sistemas urbanos o, de acuerdo con el planeamiento territorial, de necesidad de obtención inmediata de suelo urbanizado, en su caso.

2. La declaración de sector de urbanización prioritaria debe ser acordada por las comisiones territoriales de urbanismo, a propuesta de las corporaciones municipales interesadas o, con el informe favorable del correspondiente ayuntamiento, de la Dirección General de Urbanismo. Los ayuntamientos que cuenten con un programa de actuación urbanística en vigor pueden también acordar la declaración de sector de urbanización prioritaria, de acuerdo con lo dispuesto en el programa, previo informe de la Dirección General de Urbanismo.

3. La declaración de sector de urbanización prioritaria debe determinar la administración actuante que debe formular los proyectos pertinentes, tramitar y aprobar los instrumentos de gestión, percibir las cesiones de terrenos con aprovechamiento, tramitar y aprobar los expedientes de expropiación y de enajenación forzosa, en caso de incumplimiento de obligaciones, y aplicar, si procede, la vía de apremio.

4. Las propuestas de declaración de sector de urbanización prioritaria deben ser puestas a información pública por un plazo de un mes.

Documentación y publicidad de la declaración de sector de urbanización prioritaria

1. La documentación del expediente de declaración de sector de urbanización prioritaria se compone de una memoria justificativa, de los datos de la estructura de la propiedad del suelo y de los planos pertinentes.

2. El acuerdo de declaración de sector de urbanización prioritaria debe notificarse a los propietarios de las fincas que estén incluidas en ella, con la advertencia de los efectos expropiatorios y de enajenación forzosa en caso de incumplimiento de obligaciones, así como de la aplicabilidad de la vía de apremio.

3. El acuerdo a que se hace referencia en el apartado 2 debe hacerse constar en el Registro de la Propiedad, de conformidad con la legislación hipotecaria, con indicación de la afectación de cada una de las fincas incluidas en el régimen específico de sector de urbanización prioritaria.

Efectos de la declaración de sector de urbanización prioritaria

1. La declaración de sector de urbanización prioritaria tiene por efecto específico la aplicación del régimen de gestión urbanística regulado por la presente Ley, supone la obligación e interés inmediato de la ejecución de las obras de urbanización básicas, a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, así como supone la obligación de la edificación de los solares resultantes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 143.

2. En caso de declaración de un sector de urbanización prioritaria, la redacción del planeamiento derivado que sea necesario y del proyecto de urbanización complementario y la aprobación inicial del planeamiento deben producirse en el plazo de los seis meses siguientes a la fecha de publicación del acuerdo de declaración del sector en el correspondiente boletín oficial. Las obras de urbanización complementarias deben ejecutarse en el plazo que establezca el planeamiento derivado o el mismo proyecto de urbanización complementario.

Sistema de actuación urbanística y ámbito de referencia

1. En un sector de urbanización prioritaria, el sistema de actuación urbanística debe ser el de reparcelación por cooperación. La administración actuante debe formular de oficio el proyecto de reparcelación, que debe aprobarse definitivamente dentro del año siguiente a la aprobación definitiva del planeamiento derivado, o bien, si el planeamiento había sido aprobado antes, dentro del siguiente año a la publicación del acuerdo de declaración del sector, y que puede contener las determinaciones establecidas en el artículo 116.2.

2. Cada sector de urbanización prioritaria constituye un único polígono de actuación urbanística.

Medidas en caso de incumplimiento

1. La administración actuante puede redactar, en un plazo de tres meses desde la declaración de un sector de urbanización prioritaria, un proyecto de tasación conjunta referido a los terrenos que estén incluidos en el mismo y a los bienes y los derechos diferentes del suelo que gravan o se refieran a cada finca, con indicación de los que sean presumiblemente incompatibles con su destino urbanístico. El proyecto de tasación conjunta debe tramitarse de acuerdo con lo establecido en el artículo 107.

2. Las valoraciones contenidas en el proyecto de tasación conjunta a que se hace referencia en el apartado 1, con las modificaciones que sean introducidas en el mismo, en su caso, en virtud de resolución del Jurado de Expropiación de Cataluña o de sentencia firme, constituyen la definición de los bienes y derechos, a efecto de la expropiación o enajenación forzosa. El proyecto de reparcelación debe fundamentarse en dichas valoraciones.

3. La certificación de los datos del proyecto de tasación conjunta a que se hace referencia en el apartado 1 corresponde a la administración actuante.

4. Los efectos expropiatorios del proyecto de tasación conjunta a que se hace referencia en el apartado 1 operan a partir de la declaración de incumplimiento de las obligaciones de urbanización o de edificación.

Pago del coste de las obras por adelantado y mediante solares

1. Los propietarios, empresas u organismos obligados a costear las obras de urbanización de un sector de urbanización prioritaria deben pagarlas por anticipado en el plazo de un mes desde el pertinente requerimiento.

2. En caso de que el pago anticipado a que se hace referencia en el apartado 1 se efectúe voluntariamente mediante solares, éstos deben estar situados dentro del mismo sector de urbanización, y, de no existir acuerdo, es preciso atenerse a las normas de la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y valoraciones. El valor de la urbanización debe ser el determinado en el expediente, según el coste de las obras de urbanización básicas y del resto, de acuerdo con el planeamiento derivado y con los proyectos de urbanización complementarios.

Plazos de ejecución de la obra de urbanización básica

La declaración de sector de urbanización prioritaria puede modificar, si es preciso, las etapas de ejecución establecidas en el planeamiento preexistente, y debe establecer en todo caso el plazo para ejecutar la obra de urbanización básica, de acuerdo con el artículo 58.3.b. La administración competente para aprobar la declaración puede acordar prorrogar este plazo.

Plazos de edificación

1. Las obras de edificación de un sector de urbanización prioritaria deben iniciarse en un plazo máximo de tres años desde la finalización de las obras de urbanización básica, una vez sea firme en vía administrativa el acuerdo de aprobación definitiva de la reparcelación.

2. La licencia de edificación de un sector de urbanización prioritaria se otorga, si es preciso, condicionada a la prestación de las garantías sobre las cuotas de urbanización que correspondan y a las demás condiciones que sean establecidas por reglamento, y debe fijar el plazo de finalización de las obras de edificación.

Declaración de incumplimiento de la obligación de urbanizar o edificar

1. Procede la declaración de incumplimiento de las obligaciones de urbanizar y edificar que corresponden a los propietarios si éstos no depositan las cantidades requeridas para costear las obras o incumplen los plazos establecidos para la edificación, respectivamente. En el primer supuesto, corresponde hacer la declaración a la administración actuante, una vez certificado el descubierto; en el segundo supuesto, corresponde su realización al ayuntamiento competente o bien, por subrogación, una vez requerido el ayuntamiento, a la Dirección General de Urbanismo.

2. También procede la declaración de incumplimiento de la obligación de urbanizar a que se hace referencia en el apartado 1 si la administración actuante no ejecuta las obras de urbanización básica en los plazos establecidos. Si dicha administración es el ayuntamiento, corresponde acordar la declaración de incumplimiento a la comisión territorial de urbanismo competente, una vez efectuado el requerimiento pertinente. En este caso, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas se subroga en la ejecución de la urbanización y la lleva a cabo mediante el Instituto Catalán del Suelo.

Efectos de la declaración de incumplimiento

1. La declaración de incumplimiento de los deberes de los propietarios regulada en el artículo 144 supone la aplicabilidad de la vía de apremio y legitima la administración para expropiar los terrenos según el valor que sea determinado en virtud del artículo 140.2.

2. Si en el plazo de dos meses desde la declaración de incumplimiento a que se hace referencia en el apartado 1 la administración no ha optado por la expropiación, debe iniciar los trámites para la adjudicación de los terrenos mediante enajenación forzosa, de conformidad con la valoración citada en dicho apartado 1. La enajenación debe efectuarse mediante subasta o concurso público y puede convocarse con carácter restringido entre los propietarios afectados y las empresas urbanizadoras que operen en el mismo sector de urbanización que estén al corriente de sus obligaciones urbanísticas.

3. La persona adjudicataria de la licitación pública a que se hace referencia en el apartado 2 debe abonar los gastos de urbanización e iniciar las obras de edificación dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación definitiva de los terrenos. En caso de incumplimiento de dichas obligaciones, la administración competente debe acordar la expropiación de la finca de que se trate.

4. La administración actuante en un sector de urbanización prioritaria tiene la condición de beneficiaria de las expropiaciones acordadas en virtud del presente artículo.

Programas de actuación urbanística municipal y comarcal

1. Los programas de actuación urbanística municipal y comarcal, además de contener lo establecido en el artículo 60, pueden prever reservas de terrenos de posible adquisición, referidas a cualquier clase de suelo, para constituir o ampliar el patrimonio municipal y comarcal de suelo y vivienda.

2. A las reservas de terrenos de posible adquisición, previstas por el programa de actuación urbanística municipal y comarcal, es aplicable, si procede, lo establecido en el artículo 108.

Definición de programas específicos en defecto del programa de actuación urbanística municipal

1. El consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas puede definir operaciones concretas, en materia de suelo y vivienda, que afecten a intereses supramunicipales, si no existe programa de actuación urbanística municipal. Dichas operaciones deben promoverse en un tiempo determinado, mediante programas específicos, que deben formalizarse en convenios con los correspondientes ayuntamientos.

2. La inobservancia de los programas específicos a que se hace referencia en el apartado 1, previos requerimiento y declaración de incumplimiento, posibilita que el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, mediante el Instituto Catalán del Suelo, pueda subrogarse.

Deberes legales de uso, conservación y rehabilitación y órdenes de ejecución

1. Los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones e instalaciones deben cumplir los deberes de uso, conservación y rehabilitación establecidos en la presente Ley, la legislación aplicable en materia de régimen de suelo y la legislación sectorial. Están incluidas en estos deberes la conservación y rehabilitación de las condiciones objetivas de habitabilidad de las viviendas.

2. Los propietarios o la administración deben hacerse cargo del coste derivado de los deberes a que se hace referencia en el apartado 1, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso y teniendo en cuenta el exceso sobre el límite de los deberes de los propietarios cuando se trate de obtener mejoras de interés general.

3. Los ayuntamientos deben ordenar de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, la ejecución de las obras necesarias para conservar las condiciones a que se hace referencia en el apartado 1. Las órdenes de ejecución deben ajustarse a la normativa de régimen local, con observancia siempre del principio de proporcionalidad administrativa y previa audiencia de las personas interesadas.

4. El incumplimiento injustificado de las órdenes de ejecución a que se hace referencia en el apartado 3 habilita a la administración para adoptar cualquiera de las siguientes medidas de ejecución forzosa:

   a) La ejecución subsidiaria a cargo de la persona obligada.

   b) La imposición de multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 217.2, que puede reiterarse hasta cumplir la obligación de conservación.

5. El incumplimiento de la orden de ejecución a que se hace referencia en el apartado 3 habilita a la administración, asimismo, a incluir la finca en el Registro Municipal de Solares sin Edificar, a efectos de lo establecido en el artículo 171 y artículos concordantes.

Declaración de estado ruinoso

1. Si una construcción o parte de una construcción está en estado ruinoso, el ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier persona interesada, debe declararlo, previa audiencia de los propietarios y residentes, salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera.

2. Se declara el estado ruinoso de una construcción o parte de una construcción en los siguientes supuestos:

   a) Si los daños suponen la necesidad de una verdadera reconstrucción del edificio porque no son reparables técnicamente por los medios normales.

   b) Si el coste de las obras de reparación necesarias para cumplir las condiciones mínimas de habitabilidad, en el caso de viviendas u otras similares para otros usos, es superior al 50% del coste de una construcción de nueva planta de características similares a la existente, en cuanto a tamaño y uso.

   c) Si es preciso ejecutar obras imprescindibles para la estabilidad de la edificación y seguridad de las personas, no autorizables en virtud del ordenamiento urbanístico en vigor.

3. La declaración de ruina legal que afecta a un edificio que no está catalogado, no es objeto de un procedimiento de catalogación y no está declarado como bien cultural, supone para los propietarios la obligación de rehabilitarlo o derribarlo, a su elección, en el plazo fijado por el ayuntamiento y sin perjuicio de la aplicación de la ejecución subsidiaria a cargo de los propietarios, en su caso.

4. En el caso de una declaración de ruina legal que afecte a un edificio catalogado, objeto de un procedimiento de catalogación o declarado bien cultural, corresponde a la administración competente la determinación de los efectos de la declaración de ruina, sin perjuicio de la obligación de los propietarios de adoptar las medidas urgentes e imprescindibles para mantenerlo en condiciones de seguridad.

5. Si existe urgencia y peligro en la demora de una declaración de ruina legal de un edificio, el ayuntamiento o el alcalde o alcaldesa, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, debe disponer lo que sea necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y el desalojo de sus ocupantes, así como respecto al apuntalamiento o derribo total o parcial del inmueble.

Clasificación de las infracciones urbanísticas

1. Son infracciones urbanísticas todas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley.

2. Las infracciones urbanísticas se clasifican en muy graves, graves y leves, de acuerdo con la presente Ley y con las especificaciones reglamentarias pertinentes para su correcta identificación.

Actuaciones que vulneran el ordenamiento jurídico

La vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico se produce mediante actuaciones sin licencia o sin orden de ejecución, así como mediante actuaciones que no se ajustan a las condiciones de estos actos administrativos.

Infracciones urbanísticas muy graves

Son infracciones urbanísticas muy graves:

a) Los actos de parcelación urbanística, urbanización, uso del suelo y el subsuelo y edificación contrarios al ordenamiento jurídico urbanístico que se lleven a cabo en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de protección especial, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32.2, así como en terrenos reservados, en cualquier clase de suelo, en sistemas generales o bien en zonas verdes, espacios libres y zonas deportivas públicas.

b) La tala o derribo de árboles que suponga la desaparición de espacios boscosos o de arboledas protegidos por el planeamiento urbanístico.

c) La vulneración, en más de un 30%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos establecidos en el planeamiento urbanístico relativos a densidad de viviendas, número de establecimientos, techo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las fincas o parcelas.

d) La división o segregación de terrenos en suelo no urbanizable objeto de algún régimen de protección especial, en contra de las determinaciones de la presente Ley.

Infracciones urbanísticas graves

Son infracciones urbanísticas graves:

a) Los actos tipificados en el artículo 205.a que se lleven a cabo en suelo no urbanizable no sometido a régimen de protección especial alguno, en suelo urbanizable no delimitado y en terrenos reservados por el planeamiento a sistemas locales de comunicación y equipamientos comunitarios.

b) El incumplimiento, en suelo urbano y suelo urbanizable delimitado, de las determinaciones urbanísticas sobre urbanización, usos del suelo y subsuelo y parcelación urbanística.

c) La vulneración, en más de un 10% y hasta un 30%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que se hace referencia en el artículo 205.c.

d) El incumplimiento del deber de conservación de terrenos, urbanizaciones, edificaciones, letreros e instalaciones en general, en condiciones de seguridad.

e) La tala o derribo de árboles integrantes de espacios boscosos o arboledas protegidos por el planeamiento urbanístico que no suponga la desaparición de dichos espacios o arboledas.

f) La división o segregación de terrenos en suelo no urbanizable que no sea objeto de régimen de protección especial alguno, o bien en suelo urbanizable no delimitado, en contra de las determinaciones de la presente Ley.

g) Los supuestos tipificados en el artículo 209.1.

Infracciones urbanísticas leves

Son infracciones urbanísticas leves:

a) El incumplimiento, en suelo urbano y suelo urbanizable delimitado, de las determinaciones urbanísticas sobre régimen de indivisibilidad de fincas y edificación.

b) La vulneración del ordenamiento jurídico urbanístico en suelo no urbanizable no sujeto a protección especial y en suelo urbanizable sin planeamiento parcial definitivamente aprobado, en los siguientes supuestos:

Primero. En materia de uso del suelo y subsuelo, si la actuación no supone realizar edificaciones y instalaciones fijas.

Segundo. En materia de edificación, si la actuación consiste en la construcción de elementos auxiliares o complementarios de un uso o edificación preexistentes legalmente implantados.

c) La vulneración, hasta un 10%, en cualquier clase de suelo, de los parámetros imperativos a que se hace referencia en el Artículo 205.c.

d) El incumplimiento del deber de conservación de los terrenos, urbanizaciones, edificaciones, letreros e instalaciones en general, en condiciones de salubridad y decoro público.

e) Los actos a que se hace referencia en los artículos 205 y 206 que sean legalizables y se ajusten a lo establecido en el artículo 208. f) Los actos de propaganda de urbanizaciones, mediante anuncios, carteles, vallas publicitarias, folletos o cartas, por medios informáticos o cualquier otro sistema de divulgación o difusión que no expresen los datos referentes a la aprobación del correspondiente instrumento de planeamiento o que incluyan indicaciones susceptibles de inducir a error a los consumidores.

g) La tala o derribo de árboles sin la correspondiente licencia urbanística, si la exigen el planeamiento urbanístico o las ordenanzas municipales.

Infracciones urbanísticas leves por legalización efectiva

1. Los actos tipificados como infracciones graves o muy graves en los artículos 205 y 206 que sean legalizables constituyen infracción urbanística leve si, antes que recaiga la resolución sancionadora en el correspondiente procedimiento, los presuntos infractores han instado en la debida forma, ante la administración competente, la legalización, y ésta se ha aprobado o autorizado.

2. A efectos de lo que se determina en el apartado 1, la tramitación del expediente de protección de la legalidad urbanística se suspende una vez se acredita ante el instructor o instructora que se ha presentado la solicitud de legalización, hasta que dicha solicitud se resuelva, con interrupción de los plazos de caducidad y prescripción.

3. Las divisiones o segregaciones de terrenos que, en cualquier clase de suelo, carezcan de la declaración previa de que la licencia de parcelación es innecesaria, se entiende que quedan legalizadas si se solicita y obtiene dicha declaración.

4. A efectos de lo establecido en el apartado 1, las sanciones procedentes por infracción leve se aplican en la cuantía máxima si se trata de supuestos regulados en el artículo 205 y en la cuantía media si se trata de supuestos regulados en el artículo 206.

5. En los supuestos regulados en el artículo 207, si los actos son legalizables y se cumplen las determinaciones establecidas en el apartado 1, se aplica la sanción en la cuantía mínima.

Restauración voluntaria de la realidad física o jurídica alterada

1. Los actos tipificados como infracciones muy graves en el artículo 205 que no sean legalizables constituyen infracción urbanística grave si los presuntos infractores proceden a la reposición de la realidad física o jurídica al estado anterior a la alteración, mediante las operaciones materiales o jurídicas pertinentes.

2. En el supuesto regulado en el apartado 1, se aplica la sanción de cuantía media entre el grado mínimo y el medio.

3. A efectos de lo que se determina en el apartado 1, la decisión de proceder a la restauración de la realidad física o jurídica alterada debe acreditarse antes de la resolución del correspondiente procedimiento y debe garantizarse, de acuerdo con lo que esté determinado por reglamento, en una cuantía no inferior al 50% del presupuesto de restauración.

4. Una vez acreditada la decisión de proceder a la restauración de la realidad física o jurídica alterada, se suspende la tramitación del expediente, tal como establece el artículo 208.2.

5. Las actuaciones materiales que sea necesario ejecutar para la restauración de la situación física o jurídica alterada deben ser autorizadas con esta finalidad exclusiva.

6. Lo establecido en el presente artículo se aplica también a las infracciones tipificadas como graves y leves en los artículos 206 y 207. En el supuesto de infracción grave es aplicable la sanción en el grado mínimo, y en el supuesto de infracción leve es aplicable la sanción en el grado medio.

División en propiedad horizontal constitutiva de infracción

La división en propiedad horizontal que tenga por objeto el incremento de viviendas o el número de establecimientos en contra de las determinaciones del planeamiento también constituye infracción urbanística de parcelación y se sanciona según la clasificación que corresponda.

Cuantía de las sanciones

1. Las infracciones urbanísticas leves se sancionan con una multa de 300 a 3.000 euros.

2. Las infracciones urbanísticas graves se sancionan con una multa de 3.001 a 30.000 euros.

3. Las infracciones urbanísticas muy graves se sancionan con una multa de 30.001 a 1.500.000 euros.

4. El importe de las sanciones debe incrementarse hasta la cuantía del beneficio obtenido por los infractores, si éste es superior.

Graduación de las sanciones

A fin de graduar las sanciones que deben aplicarse, además de los criterios incluidos en los principios reguladores de la potestad sancionadora, es preciso atenerse a la gravedad con que la infracción afecta a los bienes e intereses protegidos por el ordenamiento urbanístico, la gravedad del riesgo creado, el grado de culpabilidad de cada uno de los infractores, la entidad económica de los hechos constitutivos de la infracción y la viabilidad de la legalización de la infracción cometida.

Personas responsables a efectos del régimen sancionador

1. Son responsables, a efectos del régimen sancionador regulado en la presente Ley, todas las personas físicas o jurídicas que incurran en infracción urbanística con las respectivas conductas, obras y actuaciones o bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones u órdenes de las que sean destinatarias.

2. A efectos de la responsabilidad por infracción urbanística, se consideran promotores los agentes, gestores o impulsores de la actuación, si no son los propietarios.

3. En las obras que se ejecuten sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas, deben ser sancionados, con las multas que determina la presente Ley, los propietarios, promotores, constructores o empresarios de las obras y los técnicos directores de su ejecución.

4. Los agentes responsables se determinan de acuerdo con las definiciones utilizadas por la legislación sobre ordenación de la edificación.

5. Las multas que se impongan a sujetos distintos como consecuencia de una misma infracción tienen entre sí carácter independiente, salvo en el supuesto de que la obligación prevista legalmente corresponda a varias personas conjuntamente, quienes deben responder solidariamente de las infracciones que cometan y de las sanciones que se les impongan.

Órganos competentes

1. Los órganos locales competentes para resolver los procedimientos sancionadores, sin perjuicio de lo establecido en los apartados 2 y 3, son los siguientes:

   a) El alcalde o alcaldesa, en el caso de infracciones leves y graves.

   b) El pleno del ayuntamiento, en el caso de infracciones muy graves.

2. Si el importe de la multa que contiene la propuesta de resolución de un procedimiento sancionador es superior a 300.000 euros e inferior a 600.000 euros, la autoridad competente para resolver el procedimiento es el director o directora general de Urbanismo, previo informe de la comisión territorial de urbanismo competente. En el caso de que la multa sea de un importe superior, la autoridad competente es el consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, previo informe de la Comisión de Urbanismo de Cataluña.

3. En el supuesto de que la potestad de protección de la legalidad urbanística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192.3, sea ejercida por el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, la competencia para la resolución del procedimiento sancionador se atribuye según lo dispuesto en el apartado 2.

Percepción de las multas impuestas

1. El importe de las multas impuestas tanto por las autoridades locales como por los órganos de la Administración de la Generalidad a propuesta de aquellas es percibido por los correspondientes entes locales.

2. La Administración de la Generalidad percibe el importe de las multas cuando ejerce la potestad sancionadora.

3. El importe de los ingresos de la administración en virtud de las sanciones establecidas en la presente Ley se destina al patrimonio público de suelo y vivienda.

Infracciones conexas

En el caso de que sobre un mismo sujeto se instruya un expediente sancionador por más de una infracción entre las que exista conexión de causa y efecto, debe serle impuesta una única sanción, que debe tener en cuenta el resultado final perseguido y debe ser fijada en la cuantía máxima.

Multas coercitivas por incumplimiento de las resoluciones de restauración y demás acuerdos

1. Finalizado el plazo determinado para que la persona interesada lleve a cabo las actuaciones de reposición del subsuelo, suelo o vuelo al estado anterior a la comisión de la infracción, si dichas actuaciones no se han llevado a cabo, la administración competente debe optar, en el plazo máximo de un mes, entre la ejecución subsidiaria o el otorgamiento de un nuevo plazo para que la persona inculpada realice las actuaciones que sean necesarias, y así sucesivamente, y puede imponer multas coercitivas por el incumplimiento de los plazos fijados por una cuantía de 300 a 3.000 euros.

2. Pueden imponerse multas coercitivas, en los términos fijados en el apartado 1, en los siguientes supuestos:

a) Incumplimiento de órdenes de ejecución urbanística.

b) Incumplimiento de órdenes de suspensión de actos de parcelación, urbanización, uso del suelo y edificación.

c) Incumplimiento de cualquier medida cautelar acordada en materia de protección de la legalidad urbanística.

Actuaciones constitutivas de infracción al amparo de licencia u orden de ejecución

1. Si las actividades constitutivas de infracción urbanística se realizan al amparo de una licencia u orden de ejecución y de acuerdo con sus determinaciones, no puede imponerse sanción alguna mientras no se anule el acto administrativo que las autoriza. El procedimiento de anulación interrumpe el plazo de prescripción de la infracción cometida.

2. Si la anulación de una licencia es consecuencia de la anulación del correspondiente instrumento de planeamiento, no debe imponerse sanción alguna a las personas que actúen al amparo de dicha licencia.

Prescripción de infracciones y sanciones urbanísticas

1. Las infracciones urbanísticas muy graves prescriben a los seis años, las graves prescriben a los cuatro años y las leves prescriben a los dos años.

2. El plazo de prescripción fijado en el apartado 1 empieza a contar el día en que se ha cometido la infracción, salvo los casos en que se persista de forma continuada en la conducta constitutiva de infracción o en los casos en que el hecho único constitutivo de infracción se prolongue en el tiempo. En estos casos el plazo de prescripción se computa a partir de la finalización o cese de la actividad ilícita.

3. Las sanciones impuestas por las infracciones urbanísticas prescriben a los tres años si son muy graves, a los dos años si son graves y al año si son leves.

4. Las órdenes de restauración de la realidad física alterada y las obligaciones derivadas de la declaración de indemnización por daños y perjuicios prescriben a los seis años.

5. Los plazos de prescripción fijados en los apartados 3 y 4 empiezan a contar al día siguiente en que alcanza firmeza en vía administrativa la resolución por la que se impone la sanción u obligación.

6. Los plazos de prescripción establecidos en los apartados 1 y 4 no son aplicables en los supuestos regulados en el artículo 202.1, que en todos los casos son susceptibles de sanción y de la acción de reposición sin limitación de plazo.

7. En los supuestos regulados en los artículos 208.1 y 209.1, los plazos de prescripción de la infracción y las reglas de competencia aplicables son los correspondientes a la gravedad de la infracción originaria.